Fuente: CNN Expansión
Por: Adolfo Ortega
Un barco fantasma que se niega a desaparecer. Una evidencia fallida porque no se encuentra en los archivos oficiales. Un responsable de la seguridad nacional que sus adversarios sostienen que se extralimitó en sus funciones a su paso por el sector privado. Un regulador que hará todo por alcanzar los máximos niveles de audiencia y que sus críticos acusan de estridente. Una poderosa empresa dispuesta a mantener intacto su negocio en México, el cual le ha permitido proyectarse internacionalmente…
Éstos son los elementos de una novela que comenzó hace cinco años cuando tres jóvenes intentaron importar a México 26,000 toneladas de cemento. El nuevo capítulo podría tener como escenario un tribunal. O quedar olvidado en el oficio de casi 300 páginas que la Comisión Federal de Competencia (CFC) envió a Cemex el pasado 26 de enero con las conclusiones de 28 meses de investigación. La decisión de si el caso irá o no a juicio está en manos de la Comisión y se sabrá después de julio.
La CFC sospechaba que Cemex presionó para evitar que el buque Mary Nour descargara en Tampico el cemento que en julio de 2004 trajo de Rusia, en una violación de los principios de libre competencia. La primera carga era pequeña, ni 0.1% de la producción anual de Cemex. Pero el plan era ambicioso; en pleno boom de los commodities internacionales, Comercio para el Desarrollo Mexicano (CDM), el dueño del cemento importado, quería aprovechar los altos márgenes que el producto tiene en México. Su plan era comprar cemento en Asia y transportarlo por mar hacia Tampico.
El costo del cemento más el flete sería 62 dólares por tonelada; el precio en México superaba los 120 dólares la tonelada. El Mary Nour sería su nave nodriza, y lo reabastecería con la carga de otros barcos. Al principio, la recarga sería una vez al mes; luego, cada tres semanas. Al tercer año replicaría la operación en puertos del sureste, noroeste y suroeste del país.
Durante los próximos meses, la Comisión y Cemex presentarán las pruebas de sus argumentos. Si después de esto el pleno de la CFC sigue creyendo que Cemex es culpable de actuar como monopolio, podría imponerle una multa de hasta 12 millones de pesos (mdp). Esta cifra, una minucia comparada con los 21,689 millones de dólares (mdd) que vendió la compañía el año pasado y apelable en tribunales administrativos, es el monto máximo de penalización que permitía el marco legal anterior a las reformas a la Ley de Competencia de 2006. La ley vigente contempla una multa máxima de casi 50 mdp, pero la investigación comenzó dos días antes del cambio legal.
“No nos importan las multas que le cobren a Cemex”, dice Ricardo Alessio, socio de CDM. “Lo que queremos es que se haga una cancha de juego más pareja, que las empresas grandes eviten este tipo de prácticas”. Alessio (38) y sus socios Luis Bonales (39) y Ricardo Camacho (38) se conocieron en la carrera de ingeniería civil y, en distintos momentos, trabajaron en Cemex entre 1993 y 2002, en el área de pavimentos y concretos. En 2002, Alessio, Bonales y Camacho abrieron una compañía constructora llamada Irkon y, más tarde, una planta de concreto, buscando la integración vertical.
“Como clientes, vimos los malos tratos y los altos precios de quienes vendían el insumo principal, el cemento. Ahí se nos ocurrió traer un barco con cemento importado”, dice Alessio.
El plan fracasó. Y la principal prueba de que Cemex estuvo detrás del revés es una carta enviada por Rafael Meseguer, el entonces director general de la Administración Portuaria Integral de Tampico, en Tamaulipas, a sus superiores en la Subsecretaría de Puertos (véase extracto página 48). La carta tiene como protagonista a Jorge Tello Peón, entonces directivo de Cemex, que entre 2003 y 2008 se encargó de la información estratégica de la firma regiomontana. Antes fue director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y durante la presidencia de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox, subsecretario de Gobernación. Desde marzo pasado es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, designado por el presidente Felipe Calderón.
Hace cinco años, Meseguer relató en una carta que un par de meses antes de que llegara el Mary Nour a las costas del Golfo de México, Tello Peón lanzó una “amenaza velada” de que cancelaría inversiones de la cementera en el puerto a su cargo si atracaba ahí al buque. Meseguer sugiere a su jefe que Tello Peón quería frustrar la entrada del Mary Nour para evitar un “revés” en su trayectoria profesional.
Esta carta, por cierto, ya no existe. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dice que no la encuentra en sus archivos. La copia que está en el expediente la obtuvo la Comisión de la administración del puerto de Tampico. Tello Peón negó en su declaración ante el pleno de la CFC que en esta conversación se haya tocado el tema del Mary Nour. El funcionario declinó la petición de entrevista de Expansión a través de la oficina de Comunicación Social de Presidencia.
“La misma carta que el director general de la APIle envía a la SCT (…) reconoce que su percepción fue que Jorge Tello Peón actuó a título personal”, dice Arturo Garza Ulloa, director jurídico de Cemex México. La empresa dice que “no hay caso” debido a que la ley entonces vigente no penaliza la “conspiración” contra alguien que no sea proveedor o cliente. CDM no era ninguna de las dos cosas.
Por: Adolfo Ortega
Un barco fantasma que se niega a desaparecer. Una evidencia fallida porque no se encuentra en los archivos oficiales. Un responsable de la seguridad nacional que sus adversarios sostienen que se extralimitó en sus funciones a su paso por el sector privado. Un regulador que hará todo por alcanzar los máximos niveles de audiencia y que sus críticos acusan de estridente. Una poderosa empresa dispuesta a mantener intacto su negocio en México, el cual le ha permitido proyectarse internacionalmente…
Éstos son los elementos de una novela que comenzó hace cinco años cuando tres jóvenes intentaron importar a México 26,000 toneladas de cemento. El nuevo capítulo podría tener como escenario un tribunal. O quedar olvidado en el oficio de casi 300 páginas que la Comisión Federal de Competencia (CFC) envió a Cemex el pasado 26 de enero con las conclusiones de 28 meses de investigación. La decisión de si el caso irá o no a juicio está en manos de la Comisión y se sabrá después de julio.
La CFC sospechaba que Cemex presionó para evitar que el buque Mary Nour descargara en Tampico el cemento que en julio de 2004 trajo de Rusia, en una violación de los principios de libre competencia. La primera carga era pequeña, ni 0.1% de la producción anual de Cemex. Pero el plan era ambicioso; en pleno boom de los commodities internacionales, Comercio para el Desarrollo Mexicano (CDM), el dueño del cemento importado, quería aprovechar los altos márgenes que el producto tiene en México. Su plan era comprar cemento en Asia y transportarlo por mar hacia Tampico.
El costo del cemento más el flete sería 62 dólares por tonelada; el precio en México superaba los 120 dólares la tonelada. El Mary Nour sería su nave nodriza, y lo reabastecería con la carga de otros barcos. Al principio, la recarga sería una vez al mes; luego, cada tres semanas. Al tercer año replicaría la operación en puertos del sureste, noroeste y suroeste del país.
Durante los próximos meses, la Comisión y Cemex presentarán las pruebas de sus argumentos. Si después de esto el pleno de la CFC sigue creyendo que Cemex es culpable de actuar como monopolio, podría imponerle una multa de hasta 12 millones de pesos (mdp). Esta cifra, una minucia comparada con los 21,689 millones de dólares (mdd) que vendió la compañía el año pasado y apelable en tribunales administrativos, es el monto máximo de penalización que permitía el marco legal anterior a las reformas a la Ley de Competencia de 2006. La ley vigente contempla una multa máxima de casi 50 mdp, pero la investigación comenzó dos días antes del cambio legal.
“No nos importan las multas que le cobren a Cemex”, dice Ricardo Alessio, socio de CDM. “Lo que queremos es que se haga una cancha de juego más pareja, que las empresas grandes eviten este tipo de prácticas”. Alessio (38) y sus socios Luis Bonales (39) y Ricardo Camacho (38) se conocieron en la carrera de ingeniería civil y, en distintos momentos, trabajaron en Cemex entre 1993 y 2002, en el área de pavimentos y concretos. En 2002, Alessio, Bonales y Camacho abrieron una compañía constructora llamada Irkon y, más tarde, una planta de concreto, buscando la integración vertical.
“Como clientes, vimos los malos tratos y los altos precios de quienes vendían el insumo principal, el cemento. Ahí se nos ocurrió traer un barco con cemento importado”, dice Alessio.
El plan fracasó. Y la principal prueba de que Cemex estuvo detrás del revés es una carta enviada por Rafael Meseguer, el entonces director general de la Administración Portuaria Integral de Tampico, en Tamaulipas, a sus superiores en la Subsecretaría de Puertos (véase extracto página 48). La carta tiene como protagonista a Jorge Tello Peón, entonces directivo de Cemex, que entre 2003 y 2008 se encargó de la información estratégica de la firma regiomontana. Antes fue director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y durante la presidencia de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox, subsecretario de Gobernación. Desde marzo pasado es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, designado por el presidente Felipe Calderón.
Hace cinco años, Meseguer relató en una carta que un par de meses antes de que llegara el Mary Nour a las costas del Golfo de México, Tello Peón lanzó una “amenaza velada” de que cancelaría inversiones de la cementera en el puerto a su cargo si atracaba ahí al buque. Meseguer sugiere a su jefe que Tello Peón quería frustrar la entrada del Mary Nour para evitar un “revés” en su trayectoria profesional.
Esta carta, por cierto, ya no existe. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dice que no la encuentra en sus archivos. La copia que está en el expediente la obtuvo la Comisión de la administración del puerto de Tampico. Tello Peón negó en su declaración ante el pleno de la CFC que en esta conversación se haya tocado el tema del Mary Nour. El funcionario declinó la petición de entrevista de Expansión a través de la oficina de Comunicación Social de Presidencia.
“La misma carta que el director general de la APIle envía a la SCT (…) reconoce que su percepción fue que Jorge Tello Peón actuó a título personal”, dice Arturo Garza Ulloa, director jurídico de Cemex México. La empresa dice que “no hay caso” debido a que la ley entonces vigente no penaliza la “conspiración” contra alguien que no sea proveedor o cliente. CDM no era ninguna de las dos cosas.
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