Un paro “ficticio”

Fuente: Tribuna de los Cabos

Los empresarios del sector pesquero no están satisfechos con los ofrecimientos del gobierno calderonista, al que han arrinconado, pero los mejores rendimientos de su negocio proceden del abuso contra sus tripulantes, operarios y obreros, quienes por todo el País sobreviven en la miseria. Por lo demás, “este fue un paro ficticio”, ya que en los meses de clima frío se impone una veda natural del camarón. Los empresarios no perdieron: “tienen las congeladoras llenas de la última captura del año”.

Mientras el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, anunciaba apresuradamente el fin del paro pesquero tras un acuerdo de 10 puntos con líderes camaroneros, la realidad agobiaba al grupo más desprotegido de este sector: la tripulación de los barcos y los pescadores ribereños de escama que padecen explotación, ultrajes y represión.

Según Cárdenas, la flota camaronera volvería al mar este lunes 2 de febrero, luego de que los dueños de los barcos mantuvieron durante todo enero el paro "Cero Pesca" en los estados de Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Campeche, Baja California, Veracruz, Tabasco y Yucatán. Además, encabezaron marchas, plantones y tomas de delegaciones en protesta por la exclusión del diesel del Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo, anunciado por
Calderón el pasado 7 de enero.

El martes 27 de enero, Calderón fijó una reducción de 75% en el ajuste mensual de ese combustible, lo que fue recibido con escepticismo por pescadores, campesinos y transportistas, y severamente criticado por legisladores del PRI y del PRD.
Para Rafael Ruiz Moreno, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca), la respuesta presidencial les impide planear adecuadamente los costos de operación.
La postura empresarial del sector tampoco contempla a los trabajadores del ramo. Por el contrario, el paro de los dueños de barcos sirvió para evidenciar las condiciones "dramáticas" que viven los pescadores en el sector camaronero.

En puertos como Tampico, el capitán Bladimir Valencia García y el representante de la sociedad cooperativa de Producción Pesquera Mar de Galilea, Manuel Mérida Gómez, acusan a los dueños de ser una "mafia explotadora, depredadora y voraz". A sus pescadores, afirman, "les cobran la comida, les dan salarios de cinco a ocho mil pesos al mes, les imponen jornadas laborales continuas de hasta 50 horas y los someten a un riesgo constante de morir".

En estados del Sur del País, como Tabasco, Campeche y Oaxaca, se ha evidenciado la pobreza de los pescadores ribereños, pertenecientes al sector social, con ingresos que para algunos no rebasan los 20 pesos al día. Para ellos, el paro "significa dejar a la familia sin comer".

La precariedad laboral se agrava por las dificultades del sector. En términos generales, la flota camaronera de altura "ha enfrentado una situación de deterioro paulatino de su rentabilidad que ahora ha hecho crisis", reconoció el 14 de enero la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), dependiente de Sagarpa.

La pesca de camarón en alcamar y aguas interiores promedió 42 mil 200 toneladas anuales entre 1996 y 2006, en la que participaron mil 371 embarcaciones mayores y 12 mil 339 menores, según la actualización de la Carta Nacional Pesquera publicada el viernes 25 de agosto de 2006 en el Diario Oficial de la Federación. De la captura total, 59.2% se obtenía de la flota industrial y 40.8% de la "artesanal".

Sin embargo, la propuesta integral 2009 de Sagarpa para la flota camaronera de altura establece que al inicio del sexenio de Vicente Fox existía una flota de 2 mil 15 barcos; al término de su administración, disminuyó a mil 597. Y para el segundo año de la presidencia de Felipe Calderón sólo quedaban mil 489.

El diagnóstico elaborado por Conapesca reconoce que la combinación de la baja "irreversible" en el precio del camarón, el aumento de los costos de producción y el deterioro en la infraestructura productiva, además de un ordenamiento pesquero inconcluso, propiciaron que 55% de la flota camaronera de altura esté por debajo de su punto de equilibrio, establecido en 16.35 toneladas anuales por barco.

A eso se le suma "el descuido y falta de inversión gubernamental en los últimos 30 años", acepta la dependencia.

Paro ficticio

En Tampico, 80 familias detentan la mayor parte de los 225 permisos para la pesca de camarón. Éstas acapararon la mayor parte del subsidio otorgado al diesel marino en el estado, que el año pasado fue de 87.5 millones de pesos.

La concentración es mayúscula. Por ejemplo, una relación de los propietarios de barcos emitida por la delegación de la Sagarpa registra que la familia González Aranda posee 22 naves; los Longoria Treviño (parientes del dirigente local de la Canainpesca, Millar Alexander Longoria) es dueña de 17 barcos; la familia Reynaga tiene 14, y los Ruiz Villegas 13.

Manuel Mérida Gómez, dirigente de la Pesquera Mar de Galilea, denuncia: "Existe una élite de empresarios camaroneros ligados a la política, como los exalcaldes de Tampico Nicanor Fernández Cabrera y Fernando Azcárraga, quien además es propietario del canal local de Televisa".

Otros "levantan sospechas por el repentino crecimiento que han tenido", como el propio Alexander Longoria, quien "hasta hace pocos años se dedicaba a la venta de pollo y huevo en el puerto, y ahora posee una de las flotas camaroneras más importantes del Golfo", dice.

Para colmo, "este fue un paro ficticio, como dijo Conapesca, ya que en los meses de clima frío se impone una veda natural del camarón. Los empresarios no perdieron; tienen las congeladoras llenas de la última captura del año captura", expone el cooperativista.

Con él coincide Bladimir Valencia García, capitán camaronero con más de 30 años de experiencia, quien se queja: "De lo que no hablaron los industriales de la pesca es de las condiciones laborales que padecen sus trabajadores".

Con la piel curtida por el sol, su rostro no oculta su indignación por el entorno "denigrante" en el que laboran los pescadores: "No tienen contrato colectivo de trabajo, las condiciones arriba de los barcos son insalubres, las jornadas de trabajo son extenuantes y viven bajo el riesgo constante de perder la vida en alcamar".

Su descripción es cruda: "Las chingas son duras, hay veces que no dormimos por 40 o 50 horas. Cuando hay mucha captura, se la pasa uno lanzando y levantando redes, seleccionando, limpiando, lavando y metiendo al congelador el producto. En esta tarea –sostiene–, muchos han muerto, han desparecido en el mar".

El propio capitán Valencia ha padecido agravios. El 16 de junio de 2005 participó con otros pescadores en la toma del puente del Moralillo para exigir la firma de un contrato colectivo con los dueños de los barcos. Cuarenta de ellos fueron encarcelados, cuenta, y ahora "temen hablar de lo que realmente sucede detrás de este paro".

Lamek Ocampo López, capitán del barco Don Arturo, da otro ejemplo de las arbitrariedades cometidas por los dueños de las embarcaciones: hace dos años la nave fue consumida por el fuego y toda la tripulación debió lanzarse al mar; nadaron 12 horas apoyados sobre la tapa de una congeladora hasta llegar a la costa.

Salvaron la vida, pero no el empleo. Eduardo Morales, propietario del Don Arturo, los despidió y les dio 150 pesos como indemnización. Desde entonces, al capitán Ocampo no le dan trabajo.

La represión en Tamaulipas es constante. Juan Martínez Valdez, motorista de barco por más de 25 años, recuerda que en 2003 medio millar de pescadores se organizaron para exigir a sus patrones mejores condiciones de trabajo. La respuesta fue un largo veto para quienes se atrevieron a protestar.

"Una de las quejas era la seguridad social, pues la mayoría de los dueños de barcos no pagan las cuotas del IMSS, o bien, en las épocas de veda, suspenden los pagos y dejan a las familias sin servicio médico por más de tres meses", relata.

Casi nada ha cambiado desde entonces. Ahora, mientras los empresarios mantenían el paro, unos mil tripulantes fueron obligados a permanecer en los muelles realizando labores de mantenimiento, a cambio de un salario de entre 200 y 500 pesos a la semana que les descontarán cuando se normalice la pesca.

La sombra de Pemex

En estados del sur, el paro ha dividido a los pescadores. Mientras los cooperativistas no tienen otra alternativa que trabajar pese al paro, los empresarios culpan a Pemex y a la Armada de México de estar hundiendo en la crisis a su flota.

Sabino Rodríguez García, presidente de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de Tabasco, e Isidro Peraza Martínez, presidente de 40 cooperativas integradas a la Federación de Sociedades de Producción Pesquera y Acuícola del municipio de Celta, aseguran que los aumentos constantes al diesel duplicaron sus costos de operación.

Para ellos fue imposible sumarse al paro, el sector social vive al día. "Si no salimos a pescar, muestras familias no comen".

Su situación no se alivia ni siquiera con el anuncio de Calderón, pues eso no resuelve el incrementó el precio de todos los implementos de pesca. Aunque el precio del combustible suba menos que antes, "el daño ya esta hecho", concluyen.

Rodríguez García expone que otro problema que enfrentan los pescadores es ocasionado por la restricción impuesta por la Armada de México para trabajar cerca de las plataformas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

A su vez, Mauricio Pérez, propietario del barco Alex M, con capacidad para 45 mil litros de diesel, explica: "En Ciudad del Carmen había 800 barcos camaroneros, ahora quedan unos 20. El área restringida, el aumento del combustible y el bajo precio del camarón acabaron con la pesca", resume.

Esta veda forzada se produce también en Oaxaca.

Indignado, Joel Gallegos García, presidente de la Unión de ribereños que agrupa a 660 pescadores de Salinas del Marqués, denuncia que elementos de la Armada de México encañonan a los pescadores para obligarlos a salir del área en que ancestralmente han trabajado.

En Salina Cruz, el empresario Ignacio Pérez Cervantes culpa directamente a Pemex de la quiebra del sector pesquero: "Por razones de ‘seguridad nacional’ restringió el área de pesca a 25 kilómetros cuadrados, ocasionando la perdida de mil 200 empleos. Hoy, apenas tenemos 400 trabajadores".

Y lo que es peor:

"Los barcos petroleros que distribuyen diesel y gasolina en el Pacífico son transportados por buque-tanques que llevan millones de litros. De regreso a la refinería los llenan de agua de mar para que no pierdan estabilidad. Luego vacían una mezclada con residuos de hidrocarburos, matando las especies marinas por la contaminación, en el área de Acapulco, Huatulco y San Francisco del Mar", asegura Pérez Cervantes, propietario de 17 barcos, quien, junto con otras
dos personas, poseen las 43 embarcaciones que conforman la flota camaronera de alcamar en este puerto.

En Campeche, los empresarios pesqueros han tenido un cierto alivio. Adicional a la reducción del aumento para el diesel, el gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdez anunció una dotación de 3 millones de litros de combustible para los dueños de barcos de altura. Además, cubrirá las cuotas de sus trabajadores ante el IMSS correspondientes a enero.

En este estado operan 120 navíos: 90 en Campeche y 30 en Ciudad del Carmen. De la pesca de altura viven dos mil familias.

Pero para éstas, los acuerdos, subsidios y "sacrificios fiscales" de la federación no son más que retórica.

Javier Gil Chi, representante de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas Pesqueras de Altura, que agrupa a tripulantes de barcos y a trabajadores de plantas congeladoras, señala que los anuncios del gobernador y del presidente Calderón sólo benefician a los dueños de los barcos.

"Las soluciones son para ellos, no para nosotros, que somos los más perjudicados", afirma, y explica que durante el tiempo que los barcos estuvieron atracados, cada pescador dejó de ganar su salario de apenas 20 pesos por día.

"¡Sufrimos por llevar comida a casa!", lamenta, y agrega que para resolver sus necesidades, los tripulantes han pedido préstamos a los dueños de los barcos. Hay quienes ya deben hasta 8 mil pesos a los patrones, sin contar los mil 500 pesos que gobierno del estado prestó a cada pescador "para que la fuera pasando".

Los pescadores campechanos están por llegar al límite de su resistencia. En los próximos días entregarán a los dueños de los barcos un pliego petitorio con las principales demandas laborales. "Si se niegan a atenderlo, entonces sí iremos a paro", advierte Gil Chi.

Aquí los empresarios no podrán decir que carecen de recursos. No sólo han recibido apoyos locales y federales; en esta entidad, el negocio del camarón alguna vez fue tan boyante que atrajo a gobernadores como Abelardo Carrillo Zavala y Jorge Salomón Azar García, y a líderes políticos como el desaparecido Leonardo Rodríguez Alcaine. Los tres adquirieron barcos camaroneros. El primero fue más allá: compró también un varadero y una congeladora.
Hasta Carlos Mouriño Atanes y María de los Ángeles Terrazo, padres del fallecido secretario de Gobernación, incursionaron en la pesca camaronera en los años 90.

Sin embargo, la captura decayó cuando Pemex expandió sus operaciones en alta mar a 80 mil kilómetros cuadrados y disminuyó a 6 mil 800 kilómetros el campo de acción del sector pesquero en la Sonda de Campeche, de donde se extrae 80% de la producción nacional de petróleo.

Algo quedará.

Patricia Dávila/ Proceso