Fuente: Nuestromar
Ante la globalización comercial, es preciso que los países trabajen en conjunto para impedir las operaciones ilegales.
JUAN BATTALEME Profesor investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales de UADE
Uno de los cambios más interesantes que ocurre actualmente en el sistema internacional es la tendencia de los Estados y los grupos no estatales a ocupar y utilizar el mar. Este espacio es considerado vital debido a la capacidad de explotación creciente de sus riquezas, por ser la base de la globalización comercial y una fuente de integración interregional, pero también es un difusor de amenazas como la piratería.
Verdaderas carreras en materia de tecnología, conocimiento, explotación e incorporación de capacidades militares se suceden para revitalizar o hacer efectiva la presencia estatal en el mar. No tomar en cuenta esta realidad tiene consecuencias económicas, de defensa militar y de integridad del espacio territorial para todos los Estados con litoral marítimo.
El actual Jefe del Estado Mayor Conjunto Norteamericano, Almirante Mullen, ha decidido concretar una iniciativa de su época como Jefe de Operaciones Navales. Ésta era una estrategia cooperativa funcional al interés norteamericano y de aquellos que participaran en ella, con implicancias geopolíticas estructurales.
La “Iniciativa de los 1000 buques” presentaba dos objetivos concretos: el primero suponía trabajar cooperativamente con las armadas del mundo que se quisieran sumar en el patrullaje, control y acción sobre potenciales amenazas marítimas, tanto tradicionales como asimétricas.
Con esta idea, se reforzaba el único acuerdo multilateral exitoso gestado por la administración Bush, llamado Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación o PSI, que actualmente cuenta con 93 países firmantes entre los cuales están Argentina, Chile y Canadá, entre otros del hemisferio.
El segundo de los objetivos era proteger el acceso a los mares frente a aquellos Estados y actores no estatales que atentaren contra la estabilidad internacional, continuando con su estrategia de limitar y denegar ese espacio como zona de operaciones a posibles actores hostiles. Así fue como el Mediterráneo, junto con la OTAN, el Báltico, el Pacífico Norte o la zona del Estrecho de Malaca, se fueron transformando en espacios con mayores controles que obligó a quienes quisieran explotar el mar con fines de desestabilización internacional o criminales, tener que buscar áreas no vigiladas.
Las consecuencias de esa acción las vemos ahora en las aguas de Somalia y en el Océano Índico, donde las actividades de piratería están a la orden del día. Es tal la tendencia a controlar el mar que el presidente electo de los Estados Unidos ha manifestado su intención de trasformar la PSI en un tratado internacional, vinculante para sus firmantes.
Simultáneamente el “Center for New American Security” lanzó un documento, que puede fijar postura en este campo, llamado “De la preponderancia a la sociedad: el poder marítimo americano en el siglo XXI”.
Recursos naturales
Es bajo esta postura que debemos mirar los movimientos navales que se suceden en el Atlántico Sur, el cual ya despierta el interés tanto de jugadores regionales como extrarregionales.
La reactivación de la IV Flota ha sacado a la luz al menos dos impactos regionales importantes. A partir de este hecho, se volvió a poner el énfasis en la potencial usurpación de recursos naturales, lo cual justificó que Brasil comenzara a presionar para desarrollar una estrategia marítima dual que permita mantener la cooperación con Estados Unidos, pero simultáneamente reafirmar que el Atlántico Sur es una responsabilidad soberana que no permitirá la intrusión de otros Estados. Corolario: más dinero para la industria y el equipamiento naval, tanto militar como civil.
Chile continúa con su reequipamiento naval, con unidades de superficie y submarinas compradas a Gran Bretaña, Holanda y Francia, equipadas y pensadas para operar junto con otras naciones de la OTAN y con la IV Flota. Argentina, está haciendo grandes esfuerzos por mantenerse presente en el Atlántico Sur, pero el desconocimiento y la coyuntura nacional no la ayuda demasiado.
Poseer una fuerza naval operativa implica años previos de preparación, equipamiento y conocimiento de empleo. Las capacidades navales son las que se ponen en funcionamiento más lentamente, son difíciles de construir y cuando una de esas capacidades se pierde lleva años volver a reconstruirla, sobre todo por su costo. Es por ello que nuestros mayores socios regionales, como lo son Brasil y Chile, ya han comenzado a reequipar sus armadas para ser garantes cooperativos del espacio marítimo de seguridad latinoamericano. El mar resurge así como un escenario de competencia y cooperación interestatal; los intereses de la Nación están ligados a su correcta y sustentable explotación.
TRANSPORT & CARGO
EL CRONISTA
Ante la globalización comercial, es preciso que los países trabajen en conjunto para impedir las operaciones ilegales.
JUAN BATTALEME Profesor investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales de UADE
Uno de los cambios más interesantes que ocurre actualmente en el sistema internacional es la tendencia de los Estados y los grupos no estatales a ocupar y utilizar el mar. Este espacio es considerado vital debido a la capacidad de explotación creciente de sus riquezas, por ser la base de la globalización comercial y una fuente de integración interregional, pero también es un difusor de amenazas como la piratería.
Verdaderas carreras en materia de tecnología, conocimiento, explotación e incorporación de capacidades militares se suceden para revitalizar o hacer efectiva la presencia estatal en el mar. No tomar en cuenta esta realidad tiene consecuencias económicas, de defensa militar y de integridad del espacio territorial para todos los Estados con litoral marítimo.
El actual Jefe del Estado Mayor Conjunto Norteamericano, Almirante Mullen, ha decidido concretar una iniciativa de su época como Jefe de Operaciones Navales. Ésta era una estrategia cooperativa funcional al interés norteamericano y de aquellos que participaran en ella, con implicancias geopolíticas estructurales.
La “Iniciativa de los 1000 buques” presentaba dos objetivos concretos: el primero suponía trabajar cooperativamente con las armadas del mundo que se quisieran sumar en el patrullaje, control y acción sobre potenciales amenazas marítimas, tanto tradicionales como asimétricas.
Con esta idea, se reforzaba el único acuerdo multilateral exitoso gestado por la administración Bush, llamado Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación o PSI, que actualmente cuenta con 93 países firmantes entre los cuales están Argentina, Chile y Canadá, entre otros del hemisferio.
El segundo de los objetivos era proteger el acceso a los mares frente a aquellos Estados y actores no estatales que atentaren contra la estabilidad internacional, continuando con su estrategia de limitar y denegar ese espacio como zona de operaciones a posibles actores hostiles. Así fue como el Mediterráneo, junto con la OTAN, el Báltico, el Pacífico Norte o la zona del Estrecho de Malaca, se fueron transformando en espacios con mayores controles que obligó a quienes quisieran explotar el mar con fines de desestabilización internacional o criminales, tener que buscar áreas no vigiladas.
Las consecuencias de esa acción las vemos ahora en las aguas de Somalia y en el Océano Índico, donde las actividades de piratería están a la orden del día. Es tal la tendencia a controlar el mar que el presidente electo de los Estados Unidos ha manifestado su intención de trasformar la PSI en un tratado internacional, vinculante para sus firmantes.
Simultáneamente el “Center for New American Security” lanzó un documento, que puede fijar postura en este campo, llamado “De la preponderancia a la sociedad: el poder marítimo americano en el siglo XXI”.
Recursos naturales
Es bajo esta postura que debemos mirar los movimientos navales que se suceden en el Atlántico Sur, el cual ya despierta el interés tanto de jugadores regionales como extrarregionales.
La reactivación de la IV Flota ha sacado a la luz al menos dos impactos regionales importantes. A partir de este hecho, se volvió a poner el énfasis en la potencial usurpación de recursos naturales, lo cual justificó que Brasil comenzara a presionar para desarrollar una estrategia marítima dual que permita mantener la cooperación con Estados Unidos, pero simultáneamente reafirmar que el Atlántico Sur es una responsabilidad soberana que no permitirá la intrusión de otros Estados. Corolario: más dinero para la industria y el equipamiento naval, tanto militar como civil.
Chile continúa con su reequipamiento naval, con unidades de superficie y submarinas compradas a Gran Bretaña, Holanda y Francia, equipadas y pensadas para operar junto con otras naciones de la OTAN y con la IV Flota. Argentina, está haciendo grandes esfuerzos por mantenerse presente en el Atlántico Sur, pero el desconocimiento y la coyuntura nacional no la ayuda demasiado.
Poseer una fuerza naval operativa implica años previos de preparación, equipamiento y conocimiento de empleo. Las capacidades navales son las que se ponen en funcionamiento más lentamente, son difíciles de construir y cuando una de esas capacidades se pierde lleva años volver a reconstruirla, sobre todo por su costo. Es por ello que nuestros mayores socios regionales, como lo son Brasil y Chile, ya han comenzado a reequipar sus armadas para ser garantes cooperativos del espacio marítimo de seguridad latinoamericano. El mar resurge así como un escenario de competencia y cooperación interestatal; los intereses de la Nación están ligados a su correcta y sustentable explotación.
TRANSPORT & CARGO
EL CRONISTA
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