Fuente: ADN
La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Janet Napolitano, advirtió hoy de que el Gobierno de su país no podrá cumplir su meta de revisar todos los cargamentos que entran al país para 2012 para detectar materiales radiactivos, y pidió "nuevas tecnologías" para mejorar la vigilancia fronteriza.
Con el apoyo y participación del Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) "puede realizar los cambios, hacer frente a los retos y encauzarse por el sendero hacia la creación de una nación más segura", afirmó Napolitano durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.
Napolitano, al frente del DHS desde el pasado 21 de enero, destacó, sin embargo, que el Gobierno de EE.UU. no podrá cumplir al cien por ciento su meta de revisar, para el año 2012, todos los cargamentos que entran a los puertos del país para detectar materiales radiactivos.
Además de los problemas de infraestructura, Napolitano destacó que el cumplimiento de esa meta "requiere acuerdos con muchos países".
La meta de 2012 es, en realidad, una exigencia de una ley aprobada por el Congreso en 2007, y el antecesor de Napolitano, Michael Chertoff, también mantuvo en su momento que EE.UU. no podría cumplir con ese plazo.
Se calcula que 11,5 millones de contenedores entran por los puertos de EE.UU. cada año.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el DHS lanzó la Iniciativa para la Seguridad de los Contenedores para mejorar la revisión de aquellos que ingresan al país por puertos marítimos.
Incluso, la Alianza de Aduanas y Comercio, una red voluntaria de exportadores, se comprometió a entregar información sobre los contenedores para agilizar sus trámites.
Pero el Congreso aprobó en 2007 una ley que exige la revisión total de todos los contenedores que, según sus detractores, es costosa y no mejorará la seguridad.
Según la Fundación Heritage, la exigencia del Congreso afectará a más de 700 puertos y más de 2.100 rutas marítimas.
La sola adaptación de equipos para revisar los cargamentos tendría un costo de aproximadamente ocho millones de dólares por cada ruta marítima, dijo recientemente Jena Baker McNeill, analista de asuntos de seguridad nacional de la Fundación.
Heritage no es la única en criticar el plazo de 2012, ya que una veintena de países y las principales asociaciones ligadas al sector empresarial también han expresado consternación por el impacto de la ley de 2007.
El DHS, creado tras los atentados de 2001, cuenta con un presupuesto anual de más de 40.000 millones de dólares y con más de 200.000 empleados agrupados en 22 agencias federales.
Napolitano ha ordenado una revisión de todas las agencias del DHS como parte de su meta de eliminar el despilfarro de fondos públicos, y ha pedido una evaluación de la participación de la Guardia Nacional y del Pentágono en la vigilancia de la frontera.
También ha solicitado un análisis de la eficacia de las redadas en sitios laborales, la detención y deportación de indocumentados, la situación en las cárceles de inmigración, y los resultados del controvertido programa "287g", que permite a la policía local cooperar con agentes de inmigración federales.
La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Janet Napolitano, advirtió hoy de que el Gobierno de su país no podrá cumplir su meta de revisar todos los cargamentos que entran al país para 2012 para detectar materiales radiactivos, y pidió "nuevas tecnologías" para mejorar la vigilancia fronteriza.
Con el apoyo y participación del Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) "puede realizar los cambios, hacer frente a los retos y encauzarse por el sendero hacia la creación de una nación más segura", afirmó Napolitano durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.
Napolitano, al frente del DHS desde el pasado 21 de enero, destacó, sin embargo, que el Gobierno de EE.UU. no podrá cumplir al cien por ciento su meta de revisar, para el año 2012, todos los cargamentos que entran a los puertos del país para detectar materiales radiactivos.
Además de los problemas de infraestructura, Napolitano destacó que el cumplimiento de esa meta "requiere acuerdos con muchos países".
La meta de 2012 es, en realidad, una exigencia de una ley aprobada por el Congreso en 2007, y el antecesor de Napolitano, Michael Chertoff, también mantuvo en su momento que EE.UU. no podría cumplir con ese plazo.
Se calcula que 11,5 millones de contenedores entran por los puertos de EE.UU. cada año.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el DHS lanzó la Iniciativa para la Seguridad de los Contenedores para mejorar la revisión de aquellos que ingresan al país por puertos marítimos.
Incluso, la Alianza de Aduanas y Comercio, una red voluntaria de exportadores, se comprometió a entregar información sobre los contenedores para agilizar sus trámites.
Pero el Congreso aprobó en 2007 una ley que exige la revisión total de todos los contenedores que, según sus detractores, es costosa y no mejorará la seguridad.
Según la Fundación Heritage, la exigencia del Congreso afectará a más de 700 puertos y más de 2.100 rutas marítimas.
La sola adaptación de equipos para revisar los cargamentos tendría un costo de aproximadamente ocho millones de dólares por cada ruta marítima, dijo recientemente Jena Baker McNeill, analista de asuntos de seguridad nacional de la Fundación.
Heritage no es la única en criticar el plazo de 2012, ya que una veintena de países y las principales asociaciones ligadas al sector empresarial también han expresado consternación por el impacto de la ley de 2007.
El DHS, creado tras los atentados de 2001, cuenta con un presupuesto anual de más de 40.000 millones de dólares y con más de 200.000 empleados agrupados en 22 agencias federales.
Napolitano ha ordenado una revisión de todas las agencias del DHS como parte de su meta de eliminar el despilfarro de fondos públicos, y ha pedido una evaluación de la participación de la Guardia Nacional y del Pentágono en la vigilancia de la frontera.
También ha solicitado un análisis de la eficacia de las redadas en sitios laborales, la detención y deportación de indocumentados, la situación en las cárceles de inmigración, y los resultados del controvertido programa "287g", que permite a la policía local cooperar con agentes de inmigración federales.
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