Los marineros del 'Rosamar' cobraban 400 euros y no tenían seguro, dice el sindicato
SILVIA R. PONTEVEDRA
SILVIA R. PONTEVEDRA
Fuente: El País
La empresa viguesa Spain Total Quality ofrece a los armadores marineros indonesios y rusos, y en su carta de presentación específica las diferencias salariales que deben existir entre unos y otros tripulantes en función del país en el que han nacido. Un capitán indonesio deberá cobrar al mes 1.350 dólares americanos. Un capitán ruso, 3.000 euros. Un jefe de máquinas indonesio, 1.200 dólares, y si es ruso, 2.500 euros. En los puestos más bajos de la tripulación, la desigualdad es todavía más aberrante: un maquinista de Yakarta recibirá 350 dólares, mientras que uno llegado de San Petersburgo ingresará por el mismo trabajo 1.000 euros mensuales. La Confederación Intersindical Galega (CIG) denunció hace cinco días en Inspección de Traballo las prácticas de esta firma de Vigo y de otra empresa intermediaria, Shipping Oriental Services, fundada en Parla (Madrid) por un vecino de A Mariña. Shipping oferta marineros indonesios disciplinados y "muy rentables en todos los aspectos" por 295 euros al mes.
Shipping Oriental Services, del empresario José Quelle Pena, cambió de nombre y de domicilio social en diciembre de 2007. Ahora se llama Shipo Pesca, está en Xove y, según la CIG, ha llegado a brindar a armadores indonesios "ilegales" por "200 dólares todo incluido".
Xabier Aboi, secretario de CIG-Mar, asegura que conoce situaciones semejantes en "una docena de empresas" y que en cada partida de indonesios que traen a España vienen "cientos". En Galicia, o mejor dicho, en los barcos gallegos, ya están trabajando "miles", claro que estos barcos gallegos, muchas veces, tienen bandera extranjera: en estos casos, Aboi denuncia que el empresario casi siempre prescinde de dar de alta a sus trabajadores en la Seguridad Social. La explotación laboral, según él, cunde en los barcos de altura.
Respecto al caso concreto del Rosamar, el pesquero hundido el día 5 a 24 millas de Burela, el representante de la CIG denuncia que los cuatro indonesios muertos cobraban 400 euros al mes y carecían de seguro de accidentes. Aboi se ofrece a colaborar "con el fiscal" para sacar a la luz unas prácticas que él define como "esclavismo" y "tráfico de carne humana", y asegura que se trata de un negocio amparado por los gobiernos del Estado y de la Xunta. En concreto, acusó al conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, y a la de Pesca, Carmen Gallego, de permitir la entrada y contratación de indonesios "sin ningún control" y callar ante este "fraude inmenso a la Seguridad Social y Hacienda", porque deben de tener "algo que tapar".
En el asunto del Rosamar, Aboi responsabilizó a otras dos empresas: Servixestión Burela y la viguesa Crewnova. Esta última, dijo, pasó de facturar, en 2006, 600.000 euros a ingresar 1,7 millones en 2007 "con cero empleados". Sin embargo, el propietario de Servixestión, Juan Carlos Otero, aseguró ayer a este diario que fue contratado únicamente para procurar manutención y alojamiento a los indonesios mientras estuviesen en tierra. Otero es, además, el experto en temas laborales de Armadores de Burela, SA.
Por su parte, el fundador de Crewnova, Fernando Matilla, defendió desde Vigo que su empresa sólo se ocupó de "la selección de personal mediante entrevistas", y que ni llegó a cobrar este servicio (100 euros por trabajador) porque "enseguida se murieron". La Federación de los Sindicatos de Pesca portugueses se sumó también ayer a la denuncia de irregularidades en el Rosamar y pidió una investigación de su Gobierno. José Antonio Labayén Díaz, presidente de la casa armadora del arrastrero, negó desde Cervo las acusaciones de la CIG. Según él, los indonesios fallecidos eran "aprendices" y cobraban 600 euros, pero "estaban dados de alta en la Seguridad Social de Portugal", donde tiene su sede la empresa Labayén.
Shipping Oriental Services, del empresario José Quelle Pena, cambió de nombre y de domicilio social en diciembre de 2007. Ahora se llama Shipo Pesca, está en Xove y, según la CIG, ha llegado a brindar a armadores indonesios "ilegales" por "200 dólares todo incluido".
Xabier Aboi, secretario de CIG-Mar, asegura que conoce situaciones semejantes en "una docena de empresas" y que en cada partida de indonesios que traen a España vienen "cientos". En Galicia, o mejor dicho, en los barcos gallegos, ya están trabajando "miles", claro que estos barcos gallegos, muchas veces, tienen bandera extranjera: en estos casos, Aboi denuncia que el empresario casi siempre prescinde de dar de alta a sus trabajadores en la Seguridad Social. La explotación laboral, según él, cunde en los barcos de altura.
Respecto al caso concreto del Rosamar, el pesquero hundido el día 5 a 24 millas de Burela, el representante de la CIG denuncia que los cuatro indonesios muertos cobraban 400 euros al mes y carecían de seguro de accidentes. Aboi se ofrece a colaborar "con el fiscal" para sacar a la luz unas prácticas que él define como "esclavismo" y "tráfico de carne humana", y asegura que se trata de un negocio amparado por los gobiernos del Estado y de la Xunta. En concreto, acusó al conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, y a la de Pesca, Carmen Gallego, de permitir la entrada y contratación de indonesios "sin ningún control" y callar ante este "fraude inmenso a la Seguridad Social y Hacienda", porque deben de tener "algo que tapar".
En el asunto del Rosamar, Aboi responsabilizó a otras dos empresas: Servixestión Burela y la viguesa Crewnova. Esta última, dijo, pasó de facturar, en 2006, 600.000 euros a ingresar 1,7 millones en 2007 "con cero empleados". Sin embargo, el propietario de Servixestión, Juan Carlos Otero, aseguró ayer a este diario que fue contratado únicamente para procurar manutención y alojamiento a los indonesios mientras estuviesen en tierra. Otero es, además, el experto en temas laborales de Armadores de Burela, SA.
Por su parte, el fundador de Crewnova, Fernando Matilla, defendió desde Vigo que su empresa sólo se ocupó de "la selección de personal mediante entrevistas", y que ni llegó a cobrar este servicio (100 euros por trabajador) porque "enseguida se murieron". La Federación de los Sindicatos de Pesca portugueses se sumó también ayer a la denuncia de irregularidades en el Rosamar y pidió una investigación de su Gobierno. José Antonio Labayén Díaz, presidente de la casa armadora del arrastrero, negó desde Cervo las acusaciones de la CIG. Según él, los indonesios fallecidos eran "aprendices" y cobraban 600 euros, pero "estaban dados de alta en la Seguridad Social de Portugal", donde tiene su sede la empresa Labayén.
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