Demanda en tribunales
A raíz de las investigaciones periodísticas, en noviembre de 2007, los accionistas de Oceanografía demandaron a Miguel Badillo, por daño moral, ante el juzgado 15 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La denuncia fue interpuesta por su apoderado legal Alfredo Riverón Calzada. Se abrió el expediente 1030/07.
“Esa demanda no frenó nuestras investigaciones, máxime que diversas fuentes nos revelaban otros supuestos ilícitos que cometían los empresarios navieros ayudados por funcionarios públicos del sector energético, en contra del erario público”, dice la queja.
Al tiempo, Ana Lilia Pérez investigaba otro supuesto fraude de Oceanografía en contra del Banco Nacional de Comercio Exterior, en el que involucraba a Petróleos Mexicanos con el uso de facturas apócrifas supuestamente validadas por la paraestatal.
La reportera obtuvo documentación enviada en 2004 por los accionistas y directivos de Oceanografía al entonces secretario de Energía, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, su coordinador de asesores, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y su asesor jurídico, José César Nava Vázquez.
Durante esta investigación, también descubrió los contratos que Mouriño Terrazo firmó entre 2001 y 2004, y documentó el doble ejercicio de funciones: funcionario público en el sector energético y contratista privado de Pemex Refinación.
“El domingo 24 de febrero de 2008, durante un mitin frente a la torre corporativa de Pemex, el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador acusó públicamente a Juan Camilo Mouriño de traficar influencias. Entregó los documentos publicados por Contralínea al Congreso de la Unión”, informa la queja interpuesta ante la CNDH.
Este acto agudizó el acoso contra los periodistas: “‘Lo que le hicieron a Juan Camilo les va a costar muy caro’, dijo amenazante el gerente de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez, a la reportera Ana Lilia Pérez, vía telefónica el 25 de febrero, a una semana de que se publicaron los contratos y al día siguiente de que López Obrador los exhibiera frente a la torre de Pemex”.
Esa misma semana, el funcionario se comunicó vía telefónica con la gerente de publicidad de las revistas Contralínea y Fortuna, Marcela Yarce Viveros, para advertirle que desde ese momento las publicaciones quedaban fuera de las pautas publicitarias, “como un castigo por su línea editorial”. Mientras, César Nava solicitaba a Miguel Badillo le revelara su fuente de información.
El jueves 17 de abril de este año, tras la comparecencia del director de Pemex Refinación, José Antonio Ceballos Soberanis, en la Cámara de Diputados, Ana Lilia Pérez y el gerente de Comunicación Social, Carlos Ramírez, sostuvieron el siguiente diálogo:
—Ustedes tienen una campaña contra mis funcionarios.
—No hay más que trabajo periodístico.
—¿A lo que publican le llaman periodismo?
—Carlos, tú mejor que nadie sabe que antes de publicar siempre pedimos entrevista con los funcionarios para confrontar la información y que ustedes puedan dar su versión en el mismo espacio, y tú rechazas esa posibilidad. Sabes también que en Contralínea publicamos todo lo que investigamos, no hay censura, siempre y cuando se tengan las pruebas documentales y así lo hemos hecho; la muestra está en que ninguna información nuestra ha sido desmentida por Pemex. —Pues no van a evidenciarse…
—Bueno, pues entonces no se trata de que la información no sea real, sino de que no quieren responder por sus actos.
—¡Pues ya se los dije! Ya le mandé decir a Miguel (Badillo) que no va a haber publicidad ni entrevistas mientras sigan escribiendo lo que escriben.
—¿Mientras sigamos investigando?
—Pues ya les dije, nada de publicidad y nadie les va a dar entrevistas. ¡Van a ver cómo les va a ir!
—¿Me estás amenazando, Carlos?
—¡Tómalo como quieras, pero mis funcionarios no siempre se van a quedar con las manos cruzadas!
A partir de esa fecha, la reportera ha recibido una serie de llamadas anónimas En una de ellas le advierten: “Ana Lilia, cuídate porque Amado (Yáñez) es un tiburón y los tiburones siempre buscan sangre”, susurraba una voz femenina detrás del auricular, indica la denuncia ante la CNDH.
Fuente: Revista Contralinea segunda quincena octubre 2008
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