Fuente: La Voz de Galicia
Cargueros, petroleros, quimiqueros y hasta pesqueros. A partir de hoy, toda embarcación que supere las mil toneladas de arqueo bruto (GT) y que tenga la intención de atracar o zarpar de un puerto español deberá demostrar que dispone de un seguro o de una garantía financiera para cubrir los daños que pudiera ocasionar en caso de vertido por hidrocarburos. De no cumplir esos requisitos, las autoridades portuarias denegarán el acceso al buque, ya tenga bandera extranjera, nacional o se trate, incluso, de su puerto base.
Esa póliza no es para responder por la carga de hidrocarburos que pueda llevar en sus tanques un petrolero, sino que se trata de tener cubierto el daño que pudiese ocasionar el combustible que almacena el buque -independientemente de su tipología- para su propia propulsión y que, por cualquier eventualidad, se viese derramado.
La disposición, que fue aprobada el mes pasado en el Consejo de Ministros y el martes se publicó en el Boletín Oficial del Estado, se ha incorporado a la legislación española para dar cumplimiento al convenio internacional sobre responsabilidad civil suscrito en Londres en marzo del 2001 y ratificado por España en diciembre del 2003. El acuerdo entra en vigor hoy para todos los Estados firmantes del mismo. En el caso español, la acreditación será expedida por la Dirección General de la Marina Mercante, que entregará el certificado al buque que así lo solicite después de que su propietario demuestre que ha suscrito ese seguro de responsabilidad civil por contaminación por hidrocarburos. La única excepción a la obligación de llevar ese certificado se hace con los buques de guerra y de Estado.
En el caso de los buques pesqueros, en Galicia se verán afectados los 26 que, según la Plataforma Tecnológica da Pesca, superan los 1.000 GT y tienen puerto base en la comunidad. Se trata de atuneros que faenan en aguas internacionales y los grandes arrastreros congeladores, que faenan al norte y al sur del Atlántico, así como algún que otro palangrero de superficie.
Fuentes del colectivo de atuneros explicaron que la práctica totalidad de las embarcaciones tienen suscritas pólizas de P&I (protección e indemnización) que cubren esa responsabilidad civil que ahora exige España para el combustible propio del barco, con lo que más que una mayor carga económica «se trata de un trámite burocrático ante la Administración», señala Juan Andrés Bilbao, de la empresa Albacora, con tres atuneros con base en Galicia.
De similar manera se pronunciaron desde Navigasa, que explicaron que aunque suscribir una póliza de P&I no es obligatorio, «la realidad es que la mayoría de los barcos lo tienen y solo necesitan pedir a Marina Mercante que le expida el certificado que les permitirá navegar.?
Esa póliza no es para responder por la carga de hidrocarburos que pueda llevar en sus tanques un petrolero, sino que se trata de tener cubierto el daño que pudiese ocasionar el combustible que almacena el buque -independientemente de su tipología- para su propia propulsión y que, por cualquier eventualidad, se viese derramado.
La disposición, que fue aprobada el mes pasado en el Consejo de Ministros y el martes se publicó en el Boletín Oficial del Estado, se ha incorporado a la legislación española para dar cumplimiento al convenio internacional sobre responsabilidad civil suscrito en Londres en marzo del 2001 y ratificado por España en diciembre del 2003. El acuerdo entra en vigor hoy para todos los Estados firmantes del mismo. En el caso español, la acreditación será expedida por la Dirección General de la Marina Mercante, que entregará el certificado al buque que así lo solicite después de que su propietario demuestre que ha suscrito ese seguro de responsabilidad civil por contaminación por hidrocarburos. La única excepción a la obligación de llevar ese certificado se hace con los buques de guerra y de Estado.
En el caso de los buques pesqueros, en Galicia se verán afectados los 26 que, según la Plataforma Tecnológica da Pesca, superan los 1.000 GT y tienen puerto base en la comunidad. Se trata de atuneros que faenan en aguas internacionales y los grandes arrastreros congeladores, que faenan al norte y al sur del Atlántico, así como algún que otro palangrero de superficie.
Fuentes del colectivo de atuneros explicaron que la práctica totalidad de las embarcaciones tienen suscritas pólizas de P&I (protección e indemnización) que cubren esa responsabilidad civil que ahora exige España para el combustible propio del barco, con lo que más que una mayor carga económica «se trata de un trámite burocrático ante la Administración», señala Juan Andrés Bilbao, de la empresa Albacora, con tres atuneros con base en Galicia.
De similar manera se pronunciaron desde Navigasa, que explicaron que aunque suscribir una póliza de P&I no es obligatorio, «la realidad es que la mayoría de los barcos lo tienen y solo necesitan pedir a Marina Mercante que le expida el certificado que les permitirá navegar.?
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