Fuente: Primera Hora
El Departamento de Justicia podría investigar un esquema perpetrado por cuatro ejecutivos de empresas navieras que pudo haber encarecido los productos y servicios que se ofrecen en la Isla.
Los cuatro ejecutivos -tres estadounidenses y un puertorriqueño- se declararon culpables la semana pasada en Jacksonville, Florida, de conspirar para eliminar la competencia y aumentar el precio del transporte de carga entre Estados Unidos y la Isla.
Al advertir sobre los efectos nocivos que esta práctica pudo tener en Puerto Rico, el secretario de Asuntos del Consumidor (Daco), Víctor Suárez, indicó hoy, martes, que personal de la División de Asuntos Antimonopolísticos del Departamento de Justicia estatal se comunicó con oficiales del Departamento de Justicia federal para pedir información sobre el caso.
"Tuve comunicación con el Departamento de Justicia de aquí, y el Departamento de Justicia evalúa iniciar una investigación basada en la ley de monopolio de Puerto Rico", dijo Suárez a Prensa Asociada.
"Entiendo que Justicia hizo un acercamiento para solicitar la información y demás al Departamento de Justicia federal... Están analizando toda la situación legal y en qué asuntos se tiene jurisdicción y en cuáles no", sostuvo.
El secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, no negó ni confirmó la información.
"El Departamento no confirma ni deniega la posible existencia de investigaciones. Tampoco hacemos comentarios sobre lo que está ocurriendo en la jurisdicción federal", manifestó el funcionario por separado a PrensaAsociada a través de la secretaria de la oficina de prensa de la agencia, Lillian Morales.
Según Suárez, una investigación de Justicia podría dar pie a que se establezca la magnitud de las consecuencias que pudo tener el esquema monopolístico y que se inicie un pleito de clase -que podría llevar el mismo Daco- a favor de los consumidores del país.
"Eso lo que provoca es un esquema de competencia desleal, que se hayan pagado precios más caros de lo que realmente pagaría un consumidor bajo libre competencia", explicó.
Los ejecutivos Peter Baci, de Jacksonville; Kevin Gill y Gregory Glova, de Charlotte, Carolina del Norte, y Gabriel Serra, de Puerto Rico, se declararon culpables de conspirar para arreglar cotizaciones, fijar los precios y distribuir la participación en el mercado de transporte de carga entre Estados Unidos y la Isla.
Los cuatro empresarios convictos laboraban en las compañías navieras Horizon Lines y Sea Star.
Los carriles de navegación entre Puerto Rico y Estados Unidos están regulados por la Ley Jones, que establece que el comercio marítimo entre dos puertos de jurisdicciones estadounidenses se realizará en buques construidos en Estados Unidos, con matrícula y tripulación de ese país.
El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Fernando Bonilla, indicó que tomó conocimiento del caso hace aproximadamente seis meses, cuando las autoridades federales allanaron las oficinas que tienen aquí las dos empresas navieras, así como Crowley Liner.
En Puerto Rico, operan cinco compañías dedicadas al tráfico marítimo de carga.
La conspiración comenzó, al menos, en mayo de 2002 y duró hasta abril de este año.
Los cuatro empresarios se ponían de acuerdo para eliminar la competencia y subir los precios de mover la carga desde Estados Unidos hacia Puerto Rico.
Cada uno de los cuatro convictos acordó con el Departamento de Justicia estadounidense extinguir en cárcel una condena que no ha sido determinada y pagar una multa de $20,000.
Un quinto ejecutivo de Sea Star también se declaró culpable en este caso por obstrucción de la justicia.
El economista Argeo Quiñones sostuvo que una de las principales limitaciones para el crecimiento de la economía puertorriqueña es que el nivel de competencia es bajo, lo que se presta a que sean grandes empresas las que controlan el mercado.
Quiñones, además, levantó dudas sobre si Justicia intervendrá para investigar el asunto.
"A esa División (Antimonopolística) no se le ve muy activa... En términos generales es una visión gubernamental de mantener un clima empresarial, de mantener una relación con los inversionistas de las empresas, sumamente favorable para las empresas, por miedo a perder la inversión", afirmó el economista.
El Departamento de Justicia podría investigar un esquema perpetrado por cuatro ejecutivos de empresas navieras que pudo haber encarecido los productos y servicios que se ofrecen en la Isla.
Los cuatro ejecutivos -tres estadounidenses y un puertorriqueño- se declararon culpables la semana pasada en Jacksonville, Florida, de conspirar para eliminar la competencia y aumentar el precio del transporte de carga entre Estados Unidos y la Isla.
Al advertir sobre los efectos nocivos que esta práctica pudo tener en Puerto Rico, el secretario de Asuntos del Consumidor (Daco), Víctor Suárez, indicó hoy, martes, que personal de la División de Asuntos Antimonopolísticos del Departamento de Justicia estatal se comunicó con oficiales del Departamento de Justicia federal para pedir información sobre el caso.
"Tuve comunicación con el Departamento de Justicia de aquí, y el Departamento de Justicia evalúa iniciar una investigación basada en la ley de monopolio de Puerto Rico", dijo Suárez a Prensa Asociada.
"Entiendo que Justicia hizo un acercamiento para solicitar la información y demás al Departamento de Justicia federal... Están analizando toda la situación legal y en qué asuntos se tiene jurisdicción y en cuáles no", sostuvo.
El secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, no negó ni confirmó la información.
"El Departamento no confirma ni deniega la posible existencia de investigaciones. Tampoco hacemos comentarios sobre lo que está ocurriendo en la jurisdicción federal", manifestó el funcionario por separado a PrensaAsociada a través de la secretaria de la oficina de prensa de la agencia, Lillian Morales.
Según Suárez, una investigación de Justicia podría dar pie a que se establezca la magnitud de las consecuencias que pudo tener el esquema monopolístico y que se inicie un pleito de clase -que podría llevar el mismo Daco- a favor de los consumidores del país.
"Eso lo que provoca es un esquema de competencia desleal, que se hayan pagado precios más caros de lo que realmente pagaría un consumidor bajo libre competencia", explicó.
Los ejecutivos Peter Baci, de Jacksonville; Kevin Gill y Gregory Glova, de Charlotte, Carolina del Norte, y Gabriel Serra, de Puerto Rico, se declararon culpables de conspirar para arreglar cotizaciones, fijar los precios y distribuir la participación en el mercado de transporte de carga entre Estados Unidos y la Isla.
Los cuatro empresarios convictos laboraban en las compañías navieras Horizon Lines y Sea Star.
Los carriles de navegación entre Puerto Rico y Estados Unidos están regulados por la Ley Jones, que establece que el comercio marítimo entre dos puertos de jurisdicciones estadounidenses se realizará en buques construidos en Estados Unidos, con matrícula y tripulación de ese país.
El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Fernando Bonilla, indicó que tomó conocimiento del caso hace aproximadamente seis meses, cuando las autoridades federales allanaron las oficinas que tienen aquí las dos empresas navieras, así como Crowley Liner.
En Puerto Rico, operan cinco compañías dedicadas al tráfico marítimo de carga.
La conspiración comenzó, al menos, en mayo de 2002 y duró hasta abril de este año.
Los cuatro empresarios se ponían de acuerdo para eliminar la competencia y subir los precios de mover la carga desde Estados Unidos hacia Puerto Rico.
Cada uno de los cuatro convictos acordó con el Departamento de Justicia estadounidense extinguir en cárcel una condena que no ha sido determinada y pagar una multa de $20,000.
Un quinto ejecutivo de Sea Star también se declaró culpable en este caso por obstrucción de la justicia.
El economista Argeo Quiñones sostuvo que una de las principales limitaciones para el crecimiento de la economía puertorriqueña es que el nivel de competencia es bajo, lo que se presta a que sean grandes empresas las que controlan el mercado.
Quiñones, además, levantó dudas sobre si Justicia intervendrá para investigar el asunto.
"A esa División (Antimonopolística) no se le ve muy activa... En términos generales es una visión gubernamental de mantener un clima empresarial, de mantener una relación con los inversionistas de las empresas, sumamente favorable para las empresas, por miedo a perder la inversión", afirmó el economista.
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