Fuente: La Opinión Coruña
XAVIER BARROS. SANTIAGO. Los afectados por el vertido de fuel desprendido tras el hundimiento el 13 de noviembre de 2002 del petrolero Prestige a unas doscientas millas de la costa gallega reclaman indemnizaciones de más de 1.200 millones de euros.
Según informó el fiscal encargado de la instrucción del accidente, Álvaro García Ortiz, aproximadamente más de mil millones de euros corresponden a reclamaciones de personas, organizaciones y empresas perjudicadas en las costas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco; y los 200 restantes son peticiones cursadas en Francia. No obstante, Ortiz precisó que la suma total todavía no está contabilizada.
El fiscal, especializado en temas de medio ambiente, aseguró que la investigación sobre el hundimiento del petrolero se encuentra "en la fase final de la instrucción", y que está esperando los informes de los peritos.
Un ingeniero naval debe someter sus conclusiones sobre el "estado" y la arquitectura del barco, un petrolero monocasco que partió del puerto ruso de San Petersburgo y cruzó el canal de la Mancha antes de rodear la costa gallega, y documentar "cuándo y en qué cantidad se produjo el primer vertido" de fuel, además de precisar "si el barco colapsó, algo sobre lo que hay discusión", comentó Ortiz.
Un segundo perito, un capitán marítimo, debe explicar "qué riesgo tuvo la decisión de alejar el barco" de la costa gallega y "qué riesgos podrían haber tenido otras" opciones de navegación, aseguró.
Por último, un informe pericial en curso debe concluir la evaluación de los daños económicos, algo "extraordinariamente muy complejo", comentó el fiscal, que subrayó que "quizás los peritos tengan poco tiempo" para concluir su informe, por lo que indicó haber pedido "flexibilidad" con el fin de "alargar el plazo".
La titular del Juzgado del puerto coruñés de Corcubión, Carme Veira Suárez, que instruye el sumario, puso como fecha límite para recibir esos informes el 15 de octubre, a lo que la Fiscalía respondió pidiendo una ampliación del plazo ya que, como destacó Ortiz, la demora del proceso obedece a un "problema estructural" de la Justicia, y recalcó que se trata de una instrucción muy extensa y compleja.
El fiscal destacó la complejidad del asunto con ramificaciones en una decena de países e indicó que el buque tenía bandera de Bahamas, aseguradora británica, clasificadora estadounidense, fletadora suiza con sede en Londres, aunque el dueño, el propietario registral, el armador y el capitán eran de nacionalidad griega.
Apuntó que las autoridades francesas han accedido a confiar la investigación iniciada en el país galo a la Justicia española, lo que constituye una primicia en el derecho europeo e internacional, y señaló que España aún está pendiente de un recurso ante la Justicia de Estados Unidos sobre la responsabilidad civil de la empresa supervisora de inspección ABS.
En la actualidad hay cuatro imputados por el accidente: el capitán, el griego Apostolos Mangouras, en libertad tras pagar un fianza de 3 millones de euros, así como el primer oficial y el jefe de máquinas del Prestige, además del ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors.
Europa cuestiona a los estados que frenan la seguridad marítima
El Parlamento europeo criticó ayer duramente a los estados miembros de la Unión Europea por bloquear la aprobación del paquete de propuestas para mejorar la seguridad marítima e insistió en sus exigencias de más control, que los gobiernos no aceptan. El pleno de la Eurocámara aprobó en segunda lectura sus informes sobre seis de las ocho propuestas incluidas en el llamado paquete de seguridad marítima, que la UE negocia desde hace años para evitar que se repitan catástrofes como el hundimiento del petrolero Prestige en las costas gallegas en 2002. Los eurodiputados volvieron a introducir en los textos la mayor parte de las enmiendas que habían acordado en abril de 2007, y que han sido ignoradas por los países, que mantienen un bloqueo sobre dos iniciativas, llamadas a endurecer las concesiones de pabellones de países europeos y delimitar la responsabilidad de los armadores en caso de accidente. En el resto del paquete, la Eurocámara se niega a que los países "debiliten elementos importantes", como el control de los buques por el Estado rector del puerto, el sistema comunitario de vigilancia del tráfico marítimo, las investigaciones en caso de accidente, las responsabilidades de los transportistas de pasajeros, las inspecciones de los barcos y las organizaciones de inspección. Los eurodiputados volvieron a defender la necesidad de que una autoridad independiente evalúe los riesgos y decida en caso de que un buque en peligro necesite refugio, algo que consideraron "esencial" para que su actuación sea efectiva.
XAVIER BARROS. SANTIAGO. Los afectados por el vertido de fuel desprendido tras el hundimiento el 13 de noviembre de 2002 del petrolero Prestige a unas doscientas millas de la costa gallega reclaman indemnizaciones de más de 1.200 millones de euros.
Según informó el fiscal encargado de la instrucción del accidente, Álvaro García Ortiz, aproximadamente más de mil millones de euros corresponden a reclamaciones de personas, organizaciones y empresas perjudicadas en las costas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco; y los 200 restantes son peticiones cursadas en Francia. No obstante, Ortiz precisó que la suma total todavía no está contabilizada.
El fiscal, especializado en temas de medio ambiente, aseguró que la investigación sobre el hundimiento del petrolero se encuentra "en la fase final de la instrucción", y que está esperando los informes de los peritos.
Un ingeniero naval debe someter sus conclusiones sobre el "estado" y la arquitectura del barco, un petrolero monocasco que partió del puerto ruso de San Petersburgo y cruzó el canal de la Mancha antes de rodear la costa gallega, y documentar "cuándo y en qué cantidad se produjo el primer vertido" de fuel, además de precisar "si el barco colapsó, algo sobre lo que hay discusión", comentó Ortiz.
Un segundo perito, un capitán marítimo, debe explicar "qué riesgo tuvo la decisión de alejar el barco" de la costa gallega y "qué riesgos podrían haber tenido otras" opciones de navegación, aseguró.
Por último, un informe pericial en curso debe concluir la evaluación de los daños económicos, algo "extraordinariamente muy complejo", comentó el fiscal, que subrayó que "quizás los peritos tengan poco tiempo" para concluir su informe, por lo que indicó haber pedido "flexibilidad" con el fin de "alargar el plazo".
La titular del Juzgado del puerto coruñés de Corcubión, Carme Veira Suárez, que instruye el sumario, puso como fecha límite para recibir esos informes el 15 de octubre, a lo que la Fiscalía respondió pidiendo una ampliación del plazo ya que, como destacó Ortiz, la demora del proceso obedece a un "problema estructural" de la Justicia, y recalcó que se trata de una instrucción muy extensa y compleja.
El fiscal destacó la complejidad del asunto con ramificaciones en una decena de países e indicó que el buque tenía bandera de Bahamas, aseguradora británica, clasificadora estadounidense, fletadora suiza con sede en Londres, aunque el dueño, el propietario registral, el armador y el capitán eran de nacionalidad griega.
Apuntó que las autoridades francesas han accedido a confiar la investigación iniciada en el país galo a la Justicia española, lo que constituye una primicia en el derecho europeo e internacional, y señaló que España aún está pendiente de un recurso ante la Justicia de Estados Unidos sobre la responsabilidad civil de la empresa supervisora de inspección ABS.
En la actualidad hay cuatro imputados por el accidente: el capitán, el griego Apostolos Mangouras, en libertad tras pagar un fianza de 3 millones de euros, así como el primer oficial y el jefe de máquinas del Prestige, además del ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors.
Europa cuestiona a los estados que frenan la seguridad marítima
El Parlamento europeo criticó ayer duramente a los estados miembros de la Unión Europea por bloquear la aprobación del paquete de propuestas para mejorar la seguridad marítima e insistió en sus exigencias de más control, que los gobiernos no aceptan. El pleno de la Eurocámara aprobó en segunda lectura sus informes sobre seis de las ocho propuestas incluidas en el llamado paquete de seguridad marítima, que la UE negocia desde hace años para evitar que se repitan catástrofes como el hundimiento del petrolero Prestige en las costas gallegas en 2002. Los eurodiputados volvieron a introducir en los textos la mayor parte de las enmiendas que habían acordado en abril de 2007, y que han sido ignoradas por los países, que mantienen un bloqueo sobre dos iniciativas, llamadas a endurecer las concesiones de pabellones de países europeos y delimitar la responsabilidad de los armadores en caso de accidente. En el resto del paquete, la Eurocámara se niega a que los países "debiliten elementos importantes", como el control de los buques por el Estado rector del puerto, el sistema comunitario de vigilancia del tráfico marítimo, las investigaciones en caso de accidente, las responsabilidades de los transportistas de pasajeros, las inspecciones de los barcos y las organizaciones de inspección. Los eurodiputados volvieron a defender la necesidad de que una autoridad independiente evalúe los riesgos y decida en caso de que un buque en peligro necesite refugio, algo que consideraron "esencial" para que su actuación sea efectiva.
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