Fuente: El Periodico de Quintana Roo
La queja de las navieras tiene que ver con el hecho de que en un principio se les había asegurado que el cobro del derecho sería por cinco dólares, y luego se cambió a 20 dólares.
Entre el 8 y el 10 de septiembre próximos el Congreso de la Unión tendrá en sus manos las dos propuestas firmes que existen para implementar el cobro de derechos a los pasajeros de cruceros, que debe entrar en vigor el próximo 1 de octubre.
Una de las propuestas establece un cobro de cinco dólares por pasajero y la otra eleva ese derecho a 20 dólares.
La puesta en marcha de uno u otro de esos proyectos enfrentó ayer a diputados y empresarios navieros, que se reunieron en el segundo Seminario-Taller en Materia de Competitividad para la Industria de Cruceros en México, realizado en Puerto Vallarta, Jalisco.
El representante legal de la empresa Carnival, Javier Gallardo, les pidió a los diputados que den certidumbre jurídica a las empresas sobre el monto del derecho, porque de otro modo va a ser difícil seguir siendo competitivos en el mercado.
La queja de las navieras tiene que ver con el hecho de que en un principio se les había asegurado que el cobro del derecho sería por cinco dólares, y luego se cambió a 20 dólares.
El diputado Aurelio Joaquín, presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del estado, dijo que el tema del cobro de derecho a los pasajeros de cruceros aún no tiene una definición, pero aclaró que al menos ya están en firmes dos propuestas diferentes.
La primera propuesta mantiene el cobro en cinco dólares, y las empresas navieras serían las retenedoras.
Mientras que en la otra propuesta, el cobro se hace de manera directa al pasajero por parte del Instituto Nacional de Migración, y es por 20 dólares.
Aurelio Joaquín se mostró a favor de la primera propuesta, porque dijo que le resta seriedad al país estar cambiando las tarifas constantemente.
Además, consideró que el gobierno federal debe instrumentar la mejor forma de efectuar el cobro y de repartir ese dinero a los municipios que son receptores de cruceros.
De acuerdo a la ley, el 90 por ciento de esos recursos deben ir a los municipios, por lo cual Aurelio Joaquín dijo que lo más importante sería etiquetar ese dinero para obras de infraestructura y que no se pueda utilizar para el gasto corriente.
Hasta el momento, los Congresos de los estados de Campeche y Sonora aprobaron un punto de acuerdo para pedir la cancelación de dicho cobro, porque al tratarse de mercados emergentes podrían sufrir fuertes consecuencias.
Por su parte, las empresas han pedido a los diputados certidumbre para sus planes de negocios.
“Las empresas quieren una certidumbre de que vamos a tener un cobro uniforme del derecho en un lapso prudente, para que ellos puedan hacer sus planificaciones”, explicó Aurelio Joaquín.
El Seminario-Taller en Materia de Competitividad para la Industria de Cruceros en México, que culminará hoy, busca “impulsar los niveles de competitividad de los destinos turísticos de cruceros” en el país, y en éste participan navieras, legisladores, la secretaría de Turismo, tour operadores y organismos como de la Asociación de Cruceros Florida-Caribe (FCCA).
Por parte de Quintana Roo, además de Aurelio Joaquín participó el alcalde Cozumel, Juan Carlos González, y la diputada federal Sara Latife Ruiz Chávez.
La queja de las navieras tiene que ver con el hecho de que en un principio se les había asegurado que el cobro del derecho sería por cinco dólares, y luego se cambió a 20 dólares.
Entre el 8 y el 10 de septiembre próximos el Congreso de la Unión tendrá en sus manos las dos propuestas firmes que existen para implementar el cobro de derechos a los pasajeros de cruceros, que debe entrar en vigor el próximo 1 de octubre.
Una de las propuestas establece un cobro de cinco dólares por pasajero y la otra eleva ese derecho a 20 dólares.
La puesta en marcha de uno u otro de esos proyectos enfrentó ayer a diputados y empresarios navieros, que se reunieron en el segundo Seminario-Taller en Materia de Competitividad para la Industria de Cruceros en México, realizado en Puerto Vallarta, Jalisco.
El representante legal de la empresa Carnival, Javier Gallardo, les pidió a los diputados que den certidumbre jurídica a las empresas sobre el monto del derecho, porque de otro modo va a ser difícil seguir siendo competitivos en el mercado.
La queja de las navieras tiene que ver con el hecho de que en un principio se les había asegurado que el cobro del derecho sería por cinco dólares, y luego se cambió a 20 dólares.
El diputado Aurelio Joaquín, presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del estado, dijo que el tema del cobro de derecho a los pasajeros de cruceros aún no tiene una definición, pero aclaró que al menos ya están en firmes dos propuestas diferentes.
La primera propuesta mantiene el cobro en cinco dólares, y las empresas navieras serían las retenedoras.
Mientras que en la otra propuesta, el cobro se hace de manera directa al pasajero por parte del Instituto Nacional de Migración, y es por 20 dólares.
Aurelio Joaquín se mostró a favor de la primera propuesta, porque dijo que le resta seriedad al país estar cambiando las tarifas constantemente.
Además, consideró que el gobierno federal debe instrumentar la mejor forma de efectuar el cobro y de repartir ese dinero a los municipios que son receptores de cruceros.
De acuerdo a la ley, el 90 por ciento de esos recursos deben ir a los municipios, por lo cual Aurelio Joaquín dijo que lo más importante sería etiquetar ese dinero para obras de infraestructura y que no se pueda utilizar para el gasto corriente.
Hasta el momento, los Congresos de los estados de Campeche y Sonora aprobaron un punto de acuerdo para pedir la cancelación de dicho cobro, porque al tratarse de mercados emergentes podrían sufrir fuertes consecuencias.
Por su parte, las empresas han pedido a los diputados certidumbre para sus planes de negocios.
“Las empresas quieren una certidumbre de que vamos a tener un cobro uniforme del derecho en un lapso prudente, para que ellos puedan hacer sus planificaciones”, explicó Aurelio Joaquín.
El Seminario-Taller en Materia de Competitividad para la Industria de Cruceros en México, que culminará hoy, busca “impulsar los niveles de competitividad de los destinos turísticos de cruceros” en el país, y en éste participan navieras, legisladores, la secretaría de Turismo, tour operadores y organismos como de la Asociación de Cruceros Florida-Caribe (FCCA).
Por parte de Quintana Roo, además de Aurelio Joaquín participó el alcalde Cozumel, Juan Carlos González, y la diputada federal Sara Latife Ruiz Chávez.
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