La Autoridad Portuaria de Cádiz constituye el Comité Consultivo de Protección del puerto

La Autoridad Portuaria de Cádiz constituye el Comité Consultivo de Protección del puerto

Fuente: EUROPA PRESS

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) anunció hoy que se ha constituido un Comité Consultivo de Protección del Puerto por el que se establecen medidas para la mejora de la protección de los puertos y del transporte marítimo.

Según indicó la APBC en un comunicado, el nuevo órgano está compuesto por diez miembros y en él tienen representación la propia Autoridad Portuaria, así como Capitanía Marítima, Subdelegación del Gobierno, Aduanas, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Comandancia Naval, Protección Civil y Sanidad Exterior.

La Autoridad Portuaria deberá redactar en los próximos meses el Plan de Protección Portuario, de obligado cumplimiento para los puertos situados en territorio español que alberguen una o más instalaciones portuarias, como sucede en la Bahía de Cádiz, que deberá ser informado favorablemente por el comité y aprobado por el Ministerio del Interior.

Asimismo, entre las funciones del Comité destaca el desarrollo de procedimientos y protocolos de colaboración y coordinación entre los organismos y entidades participantes, y entre éstas y el resto de los organismos afectados en materia de protección.

Igualmente, el nuevo órgano consultivo podrá hacer sugerencias para la mejora de la protección del transporte marítimo, de los buques, de las instalaciones portuarias y de los puertos, así como asistir a la autoridad de protección en situaciones de crisis y colaborar en los ejercicios y prácticas de protección.

Hay que recordar que tras los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, la Organización Marítima Internacional (OMI) adoptó un conjunto de resoluciones dirigidas a regular la mejora de la protección del transporte marítimo. Entre ellas, cabe recordar el Código Internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (Código PBIP), que entró en vigor el 1 de julio de 2004, por el que se limitó, entre otras medidas, el acceso a los muelles en pro de la seguridad.