Fuente: La Primera
Los trabajadores de Empresa Nacional de Puertos (Enapu) presentarán el lunes o martes ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo (DL) 1022, que emitió el Ejecutivo, haciendo uso de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso, y que cambia el espíritu de la Ley de Puertos.
Adolfo Granadino, Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores de Enapu (Fentenapu), señaló que el DL promueve los monopolios en la administración de los puertos, lo cual está vedado por la Constitución Política del Perú, que en su artículo 61 señala que “el Estado facilita y vigila la libre competencia”. Además dice que “ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios”.
Recordó que el DL 1022 le quita a Enapu sus bienes y crea las condiciones para que desaparezca. Esta norma también legaliza las acciones del Ejecutivo que eran contrarias a la ley de puertos, como el Decreto Supremo 011, que ordena la privatización de 8 puertos regionales entre los que se encuentran Paita, Pisco e Ilo.
Asimismo, declaró que el gobierno ya comenzó una serie de acciones para reprimir y asustar a los trabajadores portuarios que defienden el carácter estatal de los puertos. Al respecto, comentó que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) denunció penalmente a cinco dirigentes de Citenapu y Fentenapu, haciendo uso de la penalización de protestas populares.
Rechazo
Es necesario señalar que el DL 1022 ha causado un profundo rechazo en la comunidad portuaria, ya que reconfigura integralmente la Ley del Sistema Portuario. Tanta gravedad tiene esta norma para el futuro geopolítico peruano que el mismo día que fue publicada la norma la comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso convocó de urgencia, para este martes 24, al primer ministro, Jorge del Castillo, a la ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala y al director ejecutivo de Proinversión, David Lemor.
Al respecto, la presidenta de la comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso, Susana Vilca, señaló que este DL constituye un tipo de entreguismo, de los puertos peruanos al capital chileno, “fabrican normas que atentan contra la soberanía nacional”.
Además indicó que cualquier tipo de concesión de infraestructuras estratégicas como son los puertos debe paralizarse
hasta que se solucione el diferendo marítimo entre Perú y Chile.
Servicios esenciales
Por otro lado, Adolfo Granadino señaló que el DL 1022 señala como servicios esenciales la actividad portuaria, para evitar el derecho de los trabajadores a la huelga y protestas, “como si se tratara de un hospital”, añadió.
En ese sentido, recordó que la Constitución Política del Estado señala en el artículo 28 que el “Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga”.
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