Fuente: Andina
Lima, jun. 02 (ANDINA).- Los gremios empresariales del sector portuario del país se pronunciaron hoy en contra de la iniciativa legislativa para modificar la Ley del Trabajo Portuario, afirmando que afectará los intereses de los propios trabajadores y sobre todo de la seguridad, eficiencia y normal desarrollo del creciente mercado exportador peruano, el cual podría verse afectado por nuevos sobrecostos.
Señalaron que la Comisión de Trabajo del Congreso de la República aprobó la semana pasada un dictamen para modificar la Ley de Trabajo Portuario, “retomando prácticas ineficientes que fueron eliminadas años atrás por los perjuicios económicos y operativos ocasionados al mercado portuario nacional”.
La Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM), la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) y la Asociación Marítima del Perú (Asmarpe) sostuvieron que las modificaciones a la citada ley buscan restablecer la vigencia del Sistema de Rotación y regresar al ineficiente sistema de la Comisión Controladora, atentando contra la libertad de contratación de los empleadores.
Se plantea igualmente la creación de nuevas especialidades de trabajo portuario y una supuesta cuadrilla única, con el propósito de incrementar artificialmente el empleo de la mano de obra portuaria, sin tomar en cuenta que la adopción de nuevas tecnologías requiere el uso intensivo de maquinarias e instalaciones modernas en detrimento de la mano de obra.
Por ello corresponde al Estado iniciar un Plan de Reconversión Laboral, agregan estos gremios portuarios.
Dijeron que dicha norma impone la Negociación Colectiva por Rama de Actividad, violando la Constitución y vulnerando la independencia sobre los fallos del Poder Judicial respecto a la materia.
Además, reconoce supuestos derechos adquiridos (jubilación anticipada para trabajadores portuarios), que fueron derogados por el artículo 103 de la Constitución, advirtieron.
“Esta situación podría generar nuevas huelgas, como la ocurrida el año pasado que ocasionó más de 500 millones de dólares de pérdidas al comercio exterior”, señalaron.
El dictamen plantea también el cierre del Registro de Trabajadores Portuarios y dispone que éste sea abierto únicamente por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), infringiéndose nuevamente la Constitución, añadieron.
Igualmente, manifestaron que la norma ordena a los empleadores financiar programas de capacitación laboral, sin tomar en cuenta que ello, al igual que en todos los sectores económicos, es responsabilidad de los propios trabajadores.
En todo caso, es responsabilidad de la APN incentivar la inversión en formación y capacitación, así como su financiamiento a través de diversas modalidades, tal como lo dispone el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.
En ese sentido, estos gremios concluyeron que el referido dictamen contraviene la Constitución y otras normas jurídicas por lo que solicitan su desaprobación y archivamiento.
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