Transparencia, demandan legisladores a la API

Fuente: Ecos de la Costa

Legisladores federales por Colima se pronunciaron a favor de que la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo transparente sus procesos de asignación, concurso y licitación de obras públicas y de que no excluya a ninguna empresa colimense interesada en los mismos, buscando con esto que se evite la puesta en práctica de actividades de tipo monopólicas.
Durante la semana anterior, los empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Colima, cuestionaron públicamente al director de la API, José Luis Iberri Martínez, el hecho de que los excluya y no los favorezca con la asignación de obra pública, lo cual generó una respuesta por parte del funcionario.
Y es que según el dirigente de la cámara de constructores, Juan José Záizar Soto, solamente el 5% de los ahí representados, tienen oportunidad de acceder a la obra pública de la API Manzanillo. Aseguró que según datos de la página web de la API, durante el 2007 se ejecutó obra por 480 millones de pesos, de los cuales sólo 20 millones de pesos correspondieron a empresas asociadas a la CMIC.
Sin embargo, José Luis Iberri Martínez, reviró diciendo que datos oficiales que obran en el archivo de la dependencia, el 91% de las obras que se hacen en el puerto de Manzanillo, quitando el dragado porque esas son compañías muy grandes que no hay en México, son hechas por constructores de Colima; “son licitaciones públicas y abiertas en donde participan todos y el 91% las han ganado”.
Ecos de la Costa platicó sobre el tema con los senadores Martha Leticia Sosa Govea (PAN) y Rogelio Humberto Rueda Sánchez (PRI), así como con los diputados federales Arnoldo Ochoa González (PRI) y Víctor Torres Herrera (PAN), quienes manifestaron su preocupación porque la Administración Portuaria Integral de Manzanillo esté excluyendo a constructores agremiados en la CMIC y posiblemente estar incurriendo en actividades de carácter monopólicas.
Martha Sosa Govea destacó de manera particular la necesidad de evitar cualquier tipo de acciones que fomenten monopolios, para lo cual es necesario promover la incursión de los empresarios en nuevos ámbitos de trabajo y de quienes requieren éste tipo de trabajos.
En su oportunidad, el vicepresidente de la mesa directiva de la cámara baja del Congreso de la Unión, el diputado Arnoldo Ochoa González, aseguró que bajo ninguna circunstancia se puede permitir que la API deje fuera del otorgamiento de obra pública a las empresas colimenses, pues en todo caso es necesario que dicha instancia se abra y de oportunidad a todo tipo de constructoras que cumplan con los requisitos técnicos marcados.
Por su parte, el senador por Colima, Rogelio Rueda Sánchez, aseguró que: “varias empresas agrupadas en la CMIC tienen condiciones para ejecutar obras de las que la API ejecuta. Sea por asignación, invitación o incluso licitación”, y lamentó que la dependencia federal esté fomentando actividades monopólicas.
Posteriormente, el diputado federal Víctor Manuel Torres Herrera, destacó la necesidad de investigar a fondo la situación que se está dando en el puerto de Manzanillo, sobre todo cuando la propia ley de Desarrollo Económico del Estado, establece la obligación de todas las instituciones, sean municipales, estatal o federales, que al hacer una licitación o lanzar una convocatoria, se de preferencia a empresas con capital colimense.

SOSA: TIENE RAZÓN LA CMIC EN
DEFENDER A SUS AGREMIADOS

La senadora panista dijo ver razonable la postura que ha fijado la CMIC en torno a este asunto; “creo que tienen razón en defender a sus agremiados y en hablar por ellos, pero también creo que se podría conseguir más con un diálogo y un acercamiento al ponderar todas las bondades que tienen los agremiados en la cámara, más que estar publicando desplegados”.
Y es que según Martha Sosa, es necesario entender que desde que el marco legal no exige que para desarrollar una actividad se esté agremiado en un colegio o en una agrupación; “pues los proveedores pueden manejarse dentro o fuera de una cámara o de un colegio, en ese sentido, todos tienen derecho a participar en las licitaciones y en los proyectos, dependiendo nada más de su capacidad técnica y financiera”.
Sosa Govea destacó lo especial que es el puerto de Manzanillo, sobre todo porque éste se maneja: “mucho muy diferente a lo que es un municipio o el propio gobierno del Estado, pues tiene una normatividad federal que es mucho muy estricta, además de que su situación requiere de proveedores y prestadores de servicios muy especializados”.
En ese tenor, ejemplificó que cuando en el puerto de Manzanillo se requiere hacer algún trabajo de dragado, no hay una sola empresa que le puesta ofrecer éste servicio en el país, por lo cual las dragas que vienen hacer el servicio provienen del extranjero.
Por lo anterior, destacó que durante el año pasado, un tercio del presupuesto de la API se invirtió en trabajos de dragado y el resto en construcción y obras de infraestructura en el puerto.
Señaló que parte del problema radica en que en el ámbito nacional no hay muchas empresas especializadas para ejecutar las obras que demanda la API, como son hincar pilotes, hacer muelles y desarrollar obras dentro del mar; “eso requiere de una especialidad que lamentablemente no hay en Colima, sino que en algunas ocasiones, ni dentro del país”.
En el caso de la Constructora Manzanillo, la ex alcaldesa aseguró que desde hace mucho tiempo se viene especializando en la materia, lo cual le ha generado prestigio en el Estado y fuera de él, pues viene trabajando en estados como Quintana Roo y también en países como Jamaica.
“Aquí el reto consiste en que ojalá haya los capitales y la gente especializada, para que entren en ese mercado que valdría la pena. Sería muy competitivo porque no hay quién preste éste tipo de servicios”, sostuvo.
Martha Sosa se dijo “encantada de la vida” de poder fungir como mediadora entre las diferencias que han surgido entre la CMIC y la API, buscando sobre todo que en un marco de diálogo y apertura se logren los consensos; “porque muchas veces pensamos mal porque no tenemos, ni conocemos la información y porque manejamos la información con números gruesos y porcentajes que no nos dicen nada”.

OCHOA: QUE NO SE EXCLUYA
A CONSTURCTORES LOCALES

En su oportunidad, el vicepresidente de la mesa directiva de la cámara baja del Congreso de la Unión, el diputado Arnoldo Ochoa González, aseguró que bajo ninguna circunstancia se puede permitir que la API deje fuera del otorgamiento de obra pública a las empresas colimenses, pues en todo caso es necesario que dicha instancia se abra y de oportunidad a todo tipo de constructoras que cumplan con los requisitos técnicos marcados.
Inicialmente, Ochoa González señaló que existe una Ley de Obra Pública, misma que obliga a las entidades como la API a que sus licitaciones se realicen de acuerdo a éstas leyes. “De ninguna manera podemos permitir nosotros que los constructores de nuestro Estado puedan ser discriminados y que no participen de los programas de obras que hay en el Estado o de los programas de la API como institución”.
Ochoa González dijo tener conocimiento de las declaraciones del director de la API, José Luis Iberri Martínez, quien la víspera aseguró que el 90% de las obras ejecutadas para dicha instancia, han sido elaboradas por constructoras colimenses, por lo cual destacó la necesidad de confrontar de fondo la información; “sobre todo si lo que dice la API es real o la queja de la CMIC de que se discrimina a los constructores locales”.
El ex gobernador agregó: “para mí es necesario que los empresarios estén en sus respectivas cámaras, si eres industrial en la Canacintra, si eres comerciante en la Canaco y si eres constructor en la CMIC, por eso creo que todos –-autoridades, representantes populares y dirigentes empresariales- debemos impulsar la afiliación a sus respectivas cámaras para cumplir con lo que dice la ley y fortalecer a éstas instituciones empresariales”.
Añadió: “pero en el caso que nos ocupa, pienso que si están afiliados a la CMIC o no están, que sean empresas colimenses las que tengan mayor beneficio en la obra pública, sea ésta municipal, estatal o federal. Esa es mi postura y si hay alguna situación que tengamos que realizar de gestiones, estamos a las órdenes de los empresarios de la construcción para que puedan ser tomados en cuenta en todo programa de obra”.

R. RUEDA: LAMENTABLE QUE LA API
FOMENTE ACTIVIDADES MONOPÓLICAS

En su oportunidad, el senador por Colima, Rogelio Rueda Sánchez, aseguró que: “varias empresas agrupadas en la CMIC tienen condiciones para ejecutar obras de las que la API ejecuta. Sea por asignación, invitación o incluso licitación” y lamentó que la dependencia federal esté fomentando actividades monopólicas.
“Según las notas publicadas en la prensa, aparecen como que hay una empresa únicamente de nuestro Estado, que se lleva un monto muy importante respecto al total. Por eso lo que hay que hacer es generar opciones acercándose a la API y estando al tanto de las obras para ir generando experiencia y poder ir accediendo cada vez a obras más importantes”, sostuvo.
Sin embargo, Rueda Sánchez destacó el hecho de que sea Constructora Manzanillo una de las principales favorecidas por la API, toda vez que es una empresa que ha demostrado mucha experiencia en la ejecución de obras de tipo marítimas; “por eso no resultaría extraño que tenga contratos en esta materia”.
Por lo anterior, insistió en la necesidad de que más constructores locales estén al pendiente de este tipo de obras porque es una vertiente importante en donde hay muchos recursos que se invierten; “y que sin duda sería de utilidad que las empresas que ejecutan las obras sean colimenses para que la derrama quede en nuestro Estado. De manera tal que yo diría que vale la pena que se acerquen más”.
Indicó que un acercamiento de ésta naturaleza permitiría a la API tener una variedad de contratistas y servicios, lo cual sin lugar a dudas; “es mejor para la sociedad que limitarse a uno”.
Finalmente, Rogelio Rueda se pronunció a favor de que la API se abra a más constructoras colimenses; “yo creo que es una obligación de la API, simplemente habría que verificar que las constructoras de nuestro Estado, también hagan su parte. Si los constructores están al pendiente y hacen su parte, la API está obligada a tener más contratistas locales”.

V. TORRES: NOS PONEMOS DEL
LADOS DE LOS CONSTRUCTORES

Posteriormente, el diputado federal Víctor Manuel Torres Herrera, destacó la necesidad de investigar a fondo la situación que se está dando en el puerto de Manzanillo, sobre todo cuando la propia ley de Desarrollo Económico del Estado, establece la obligación de todas las instituciones, sean municipales, estatal o federales, que al hacer una licitación o lanzar una convocatoria, se de preferencia a empresas con capital colimense.
Indicó que la misma legislación establece que si en Colima no hay empresas que cumplan con los requisitos que se necesitan para ejecutar determinada obra: “entonces se puede recurrir a empresas del exterior (…) en éste caso yo me iría a investigar quién tiene la razón (…) soy respetuoso, pero me pongo del lado de los integrantes de la cámara de la construcción, puesto que son colimenses y nosotros como legisladores siempre tenemos que respaldar a nuestros empresarios estatales”.
Sin embargo, también dijo que le merece total respeto el director de la API, José Luis Iberri, quien hasta el momento ha demostrado ser una persona responsable y centrada en su trabajo, pues el puerto ha venido desarrollándose y creciendo. “No sabemos de actos dudosos de su parte, por lo tanto no me atrevería a decir que está mintiendo José Luis”.
Por lo anterior, asumió un compromiso: “Yo me comprometo ante la opinión pública a investigar las últimas obras que se han hecho en el puerto y si realmente se dio oportunidad a las empresas locales. Si se les dio la oportunidad y no tenían la capacidad, pues ya es otra cosa, pero también suele suceder. Recordemos que en el caso de la presa El Naranjo, participaron empresas estatales, pero finalmente la favorecida no es estatal”.
Torres Herrera aseguró que el hecho de que se esté favoreciendo a una sola empresa refleja la puesta en marcha de actividades de tipo; “la ley es muy clara y en éste tipo de concursos se abren los sobres de las propuestas ante un consejo de administración. Iberri finalmente si sigue al pie de la letra lo que marca la reglamentación interna hace esto y este consejo es lo que define”.
En ese tenor, precisó que: “una empresa que baja mucho sus ofertas en un proyecto, no es confiable (…) sí se me hace mucha coincidencia que dos o tres empresas desarrolladoras tengan todos los contratos en las últimas obras del puerto”.
“Yo estaría dispuesto a mediar y a hablar con José Luis Iberri y preguntarle qué está pasando con nuestras empresas aglutinadas en la CMIC, por qué ellos se quejan y qué es lo que está pasando, de hecho me iría hasta más arriba si él no atendiera mi petición”, comentó.

BUSCAN QUE APIS CANALICEN
MÁS RECURSOS A MUNICIPIOS

En otra parte de la entrevista, Martha Sosa recordó que en algunas ocasiones la API ha ejecutado obras fuera del recinto fiscal – como ocurrió en el caso del distribuidor vial del Pez Vela – pero se realizan previo acuerdo con el Ayuntamiento y luego de pasar una serie de autorizaciones al interior del consejo de administración de la propia API.
Por lo anterior, Martha Sosa dijo que ya trabaja en la preparación de una iniciativa de reforma de ley para fomentar y facilitar la relación puerto-ciudad y que esto deje de depender de la buena voluntad de un director de la API o de los niveles de gestión de un presidente municipal.
Para éste efecto se requiere modificar la Ley de Coordinación Fiscal, “para crear un fondo más, pues ahí están los del ramo 33 y de diferente naturaleza que se envían al Estado y éste los reparte entre los municipios. Ahora pretendemos crear es un fondo que se llamaría fondo de fortalecimiento puerto ciudad, para que de suyo, de la contraprestación mensual que paga la API a la Federación, se esté destinando un 30% a los municipios”.
Indicó que de ésta manera los ayuntamientos podrían tener recursos frescos y de manera constante, para que puedan hacerse obras públicas de toda índoles. “Y esto permitiría también que del dinero de la API el ayuntamiento maneje una partida especial y puedan verse favorecidos más constructores del mismo municipio e incluso de todo el Estado”.
Explicó que debido a que éste tipo de iniciativas son de impacto presupuestal, de manera inicial se turnaron a la cámara de diputados, “nosotros la presentamos en diciembre del año pasado y estamos haciendo el cabildeo necesario, porque no basta que se presente, sino que hay que acercarse con los diputados que integran la comisión de Hacienda de la cámara de diputados y encontrar el visto bueno que obviamente lo vamos a tener en el Senado”.
Agregó que de manera paralela vienen trabajando con la Coordinación de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde donde ven con buenos ojos la propuesta, a parte de que próximamente se estará analizando con funcionarios de la Secretaría de Hacienda; “para que quizás el próximo año en el nuevo presupuesto de egresos podamos ya contar con éste nuevo fondo”.
Según cálculos, de manera global las APIS de todo el país están pagando a la Federación un monto de 500 millones de pesos, “entonces con ésta iniciativa estamos hablando de que canalizarían el 30% a los municipios, estamos hablando de un equivalente de 150 millones de pesos, que se repartirían proporcionalmente entre todos los municipios que tienen API”.
Ejemplificó: “si en la aportación total Manzanillo aporta un 20%, le correspondería esa misma cantidad, pero en ese sentido, creo que Manzanillo y Veracruz son quienes más le aportan a la Federación o sea que Manzanillo sería de los más beneficiados, porque como puerto comercial aporta mucho más que un puerto turístico como pudiera ser Acapulco o Puerto Vallarta”.