Fuente: America Economica
El embajador de Panamá en España, José Manuel López Marrón, ha advertido a las compañías de nuestro país que participan en la ampliación del Canal que es necesario que dejen de considerar Panamá como un paraíso fiscal. En caso de que este reconocimiento no llegue a producirse, podría comenzar a aplicarse la denominada Ley de Retorsión, que prohíbe la participación en proyectos públicos panameños a aquellas empresas que consideran al país paraíso fiscal, indicó el embajador. Dicha ley está en vigor pero nunca se ha aplicado, aunque “en cualquier momento puede desarrollarse un reglamento para hacerlo”, ha afirmado López Marrón en un encuentro con empresarios españoles. Se espera que tal convenio se produzca después de las elecciones del próximo 9 de marzo.
Proyecto. Las empresas nacionales que colaboran actualmente en uno de los proyectos de mayor envergadura de América Central son ACS, Acciona y FCC, que encabezan el consorcio Canal, y Sacyr Vallehermoso, perteneciente al consorcio “Grupos unidos por el Canal”. El proyecto, con el que se pretende mantener tanto la competitividad del Canal como el valor de la ruta marítima a través de Panamá necesitará una financiación externa de 2.350 millones de dólares, sobre una inversión global de 5.250 millones. Panamá ha optado por buscar financiación externa para las obras, dado que el país tiene ya una deuda que supera el 70% del PIB.
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