Colonialismo interno

Fuente: Ecos de la Costa
Carlos Ramiro Vargas

Muchas veces, a lo largo de la historia diversos pueblos en proceso de configuración de su Estado-Nación, van arribando a mayores niveles de conciencia política que atañen a sus nuevos derechos de autogestión -en una sociedad pos nacional como lo es ya la nuestra-, desde el cúmulo de contradicciones regionales o estatales que también hacen referencia a la vieja polémica entre liberales y conservadores, alusiva a la relación entre centro y periferias, o entre metrópolis regionales y sus provincias que en el caso de México y como acontece en todo América Latina, los dos procesos de dominio económico políticos, el del centro nacional sobre el resto del país, y/o el de una metrópoli regional como la perla de occidente respecto a Colima y particularmente a Manzanillo, nos muestran las asimetrías aún existentes en un proceso inacabado en la formación de un Estado plenamente regionalizado y democrático.

Es así que el debate sobre la API o Administración Portuaria Integral y su director José Luis Iberri, suscitado desde hace días en función de prácticas discrecionales para otorgar obras a una empresa constructora en particular, sin verdaderos procesos de licitación abiertos y transparentes, como por ley debiera ser, va formando parte de un conjunto de contradicciones inevitables entre el estado de Colima y el gobierno federal, en el contexto de nuestra disminuida capacidad de autodeterminación en el puerto; gobierno responsable de la administración portuaria de Manzanillo y por el que obtendrá en este 2008 cerca de 40 mil millones de pesos, casi siete veces más que el presupuesto con el que cuenta para este mismo año el gobierno estatal y todas sus direcciones, en la entidad.

De algún modo la defensa del territorio colimense de las agresiones expansionistas provenientes de determinados grupos de interés político empresarial, asentados en nuestra frontera costera y de montaña con Jalisco, se articula con una incipiente reivindicación de mayores niveles de incidencia del gobierno estatal, hoy bajo el mando del abogado Silverio Cavazos, respecto al manejo propio de la colonia española con el que la API rige el funcionamiento comercial e industrial del puerto, supuestamente propiedad de los colimenses.

Ambas cuestiones características de una relación colonial interna, desigual y desventajosa para Colima en sus vínculos con la federación, o con las élites jaliscienses empecinadas en una confrontación más con el gobierno colimense que con el resto de la sociedad, sumamente desinformada de la problemática limítrofe de indudable peso regional. En tales condiciones, el 25 de este febrero que agoniza, Juan José Záizar Soto, en su calidad de presidente de la CMIC o Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en su versión local, reiteraba que los empresarios colimenses en general son hechos menos por la API.

Y para el 26 de este mes, en una nota elabora por Édgar Badillo y publicada en Ecos de la Costa, quedaba claro que la API en el 2007 benefició de modo privilegiado a Constructora de Manzanillo con el 65 por ciento de asignación de obra e inversión, sin ninguna licitación pública de por medio, o sea, 39 de 60 de los proyectos aprobados.

Esto llevó a relucir que dicha constructora acaparó 241 millones de pesos en el año mencionado, de un total de 481 millones tan arbitrariamente distribuidos. Empresa en la que todo indica que el señor Héctor Sánchez, propietario del Diario de Colima, a través de un prestanombres, tiene grandes intereses. Por si fuera poco nuestro colega hizo público que la API gastó en el 1er semestre del 2006, 37 por ciento más de lo presupuestado por el Consejo que teóricamente le controla, supuestamente por incremento del personal contratado.

Grave resulta por demás que la mayoría de nuestros diputados locales hayan aceptado no tener idea de hasta dónde el poder legislativo local tiene la posibilidad de auditar a la API. Como en España hoy, la discusión debe de tender hacia un nuevo estatuto de autonomías.