Pizarra colimota
Topiltzin Ochoa Cervantes
¿Le pese a quien le pese?
Fuente: Ecos de la Costa
De acuerdo con el sitio especializado Info Transportes, en cuatro meses será lanzada la convocatoria de la licitación para el desarrollo y operación de la ampliación del puerto “hub” de Manzanillo, ubicado en el Pacífico mexicano, obra que busca consolidar y mantener a ese recinto como la número uno del país.
Con una inversión aproximada de siete mil millones de pesos (unos 640 mdd), la autoridad portuaria prevé, de acuerdo al Plan Maestro de Desarrollo, la construcción de cinco nuevas posiciones de atraque para barcos de hasta 360 metros de eslora.
También se licitará una nueva Terminal Especializada Contenedores (TEC), que operaría al menos dos millones anuales de unidades. Se proyecta a su vez, la construcción de una nueva terminal de usos múltiples con una nueva banda de atraque.
Los consorcios SSA México, Marine Terminals Corp. (MTC) y Hutchison Port Holdings (HPH), son las tres principales firmas que han sido ubicados como las más interesadas en participar en las licitaciones, dijo José Luis Iberri, director del puerto.
No obstante, no hay respuesta a los reclamos de los pobladores que de antemano están calculando el riesgo de verse invadidos por todo tipo de vehículos de carga en Manzanillo. Autoridades estatales y municipales han advertido de los riesgos de no tomar en cuenta a la población, pues hasta el momento, ninguna autoridad portuaria ha dicho cómo desahogarán las vialidades, y no lo dicen, porque lo correcto es que se planearán y se construirán dentro del recinto portuario.
Sin embargo, todo indica que no será así, y que muy por el contrario, las vías para el desahogo de carga serán las mismas con las que cuenta la ciudad portuaria.
Ni estas obras, ni ninguna otra que pudiera resultar paliativa a los conflictos que le genera a la ciudad la actividad portuaria, han sido condensadas con la gente o con las autoridades locales, no obstante, que la Ley de Puertos obliga a las API tomar en cuenta a las Comisiones Consultivas, encabezadas por los gobiernos de los estados.
En los hechos, pues, la administración portuaria y la coordinación de puertos violentan esta reglamentación, y ello ha sido personal y públicamente reconocido por el coordinador de Puertos, César Patricio Reyes Roel, durante la última sesión de la API Manzanillo, en la que participó.
Por cierto, el Senado está promoviendo una nueva ley que implica que las grandes obras proyectadas por las diferentes instancias gubernamentales demuestren antes la mitigación u obras de compensación que entregarán a la comunidad a cambio, según informó el regidor manzanillense, Miguel Salazar Abaroa. Aquí abundó que la medida pudiera entrar en vigor en el 2008. Ojalá llegue pronto.
Es claro que las autoridades portuarias, conscientes de los conflictos urbanos y ambientales que genera, prefieren que la atención de la opinión pública permanezca en éstos últimos problemas, pues la construcción de infraestructura de comunicaciones que mitigue los efectos a la población afecta de mayor manera el presupuesto estimado para la ampliación de la Terminal marítima.
De ello, acaban de dar cuenta nuevamente los representantes del Partido Verde Ecologista de México, pero su postura sigue siendo sólo limitada a la protección del magle que por lo demás, ya está autorizado por las autoridades competentes para ser destruido.
Ojalá volteen pronto hacia el conflicto que se avecina, que será mucho mayor en costos de vidas y economías, y si no, al tiempo; sólo recordemos que en las condiciones actuales los problemas para Manzanillo derivados de la actividad portuaria no son pocos.
Y ojalá también las autoridades portuarias, encabezadas por José Luis Iberri, den a conocer pronto el proyecto general y que en él se contemplen las vialidades suficientes para evitarles problemas a la población porteña.
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