Fuente: El Sol de Tampico
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domingo, 6 de mayo de 2007
Requiere la Marina Mercante una flota de mas de 200 Embarcaciones
Nota enviada por el Cap. Guillermo Parra Avello
Fuente: El Sol de Tampico
Fuente: El Sol de Tampico
ÍNDICES DE PRECIOS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO
Fuente: CepalONU - CEPAL
BOLETÍN FAL
BOLETÍN FAL
FACILITACION DEL COMERCIO Y EL TRANSPORTE EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.
Edición No 246 – febrero de 2007
ÍNDICES DE PRECIOS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO HACIA FINALES DEL AÑO 2006
A partir de la crisis de los fletes que se iniciara en todo el mundo desde mediados del 2002, los valores de los precios del transporte marítimo se han mantenido a un nivel superior a los de los años anteriores a la crisis, y su comportamiento ha sido bastante volátil.
El presente artículo del Boletín es el primero del año en analizar la situación de los mercados de transporte marítimo. En este número se examina la evolución de los precios en tres mercados de transporte marítimo: contenedores, graneles, y petróleo y subproductos de la refinación. Los autores de esta edición son Ricardo J. Sánchez y Alejandro Vargas, División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL. Para mayores antecedentes, sírvase contactar a Ricardo.SANCHEZ@cepal.org .
1. TRANSPORTE DE CONTENEDORES
1. TRANSPORTE DE CONTENEDORES
El Gráfico 1 representa la evolución de los precios del transporte marítimo de contenedores, en un grupo selecto de rutas, desde el primer trimestre de 2001 hasta el tercer trimestre de 2006 (datos provisionales).
Gráfico 1
ÍNDICE DE FLETES DE CONTENEDORES, 2001-2006
(Base 2do. Trimestre 2002 = 100)
Fuente: Ricardo J Sánchez, sobre la base de información de CI-ONLINE obtenida a través de Bloomberg, para las rutas entre Asia, EEUU y Europa, y relevamiento propio para los fletes de exportaciones de contenedores desde América Latina. Se trata de un índice de tipo Laspeyres.
Los precios utilizados en la construcción de los índices se refieren a transporte de contenedores secos, de 20 pies , y se dividen en dos grupos. El primero de ellos, corresponde a información obtenida de CI-ONLINE, para tres de las principales rutas del comercio marítimo mundial (desde Asia a los Estados Unidos y a Europa, y desde Europa a los Estados Unidos, sólo para los sentidos indicados). Los precios del transporte incluyen los principales cargos, surcharges (de congestión, combustible y manipulación, CAF, BAF, THC, por sus siglas en inglés) y corresponden a las navieras más grandes que operan en cada ruta.
Los precios del transporte de contenedores en las exportaciones desde América Latina, corresponden a un relevamiento realizado por los autores, para el mismo periodo. Incluyen los cargos principales (equivale al precio total del transporte por agua), como ponderación de los principales destinos de las exportaciones de cada una de las tres costas de América del Sur. Para el caso de América Central y México se han hecho mediciones temporales y eventuales, con el fin de comparar su comportamiento con el seguimiento sistemático de América del Sur. Los resultados demuestran un comportamiento similar al que tienen los precios de la costa norte de América del Sur.
En todos los casos, el índice representa el cambio en porcentaje de los precios respecto a un periodo inicial, el que se fijó en el segundo trimestre de 2002. La elección recayó en el periodo bajo del ciclo marítimo en los contenedores (ver Boletín FAL 228, agosto de 2005).
Para la mayoría de las rutas analizadas, el mínimo se situó en el segundo trimestre de 2002. En líneas generales, los precios continuaron en alza hasta el final de 2004. Para América Latina, dicho momento representaba un 57.5% de aumento promedio respecto al periodo base. Luego, el comportamiento de los precios tendió a declinar, aunque con diferentes pendientes; sin embargo, la ruta Europa-Estados Unidos continuó en ascenso.
La tendencia declinante fue más marcada en la ruta Asia-Europa, y más suave para las latinoamericanas y la Asia-Estados Unidos. En el caso de las rutas de salida de América Latina se observó un cambio de tendencia en el primer trimestre de 2006: el índice de la costa oeste pasó de 160.5 en el cuarto trimestre de 2004 a 139.9 en el primero de 2006; los valores correspondientes a la costa este para los mismos periodos fueron de 154.8 y 139.9 y de 157.1 y 144.7 para la costa norte.
El cambio de tendencia marcaba al cierre del tercer trimestre (valores provisionales) un incremento relativo de 5.2%, 6.3% y 2.9% para las costas oeste, este y norte, respectivamente, por sobre el primer trimestre del año.
2. TRANSPORTE DE GRANELES
A diferencia del transporte marítimo de contenedores, que se realiza a través de compañías navieras que prestan servicios regulares (y cuyo componente de contratos y precios spot es alto), el transporte marítimo de graneles (secos y líquidos) se presta a través de servicios arrendados (tradicionalmente conocidos como voyage y time charter, de los cuales el último es el más importante en la actualidad). Como dice uno de los prestigiosos expertos del transporte marítimo internacional, lo más correcto es denominarlo servicios ¨vagabundo¨ (del inglés tramp), siendo estos los que caracterizan los precios con los que se construyen los índices más reconocidos internacionalmente.
Se trata, en primer término, del BDI (Baltic Dry Index), un índice calculado por The Baltic Exchange (véase www.balticexchange.com ), construido con información de contratos de fletes tramp (o vagabundos), sobre la base de tres tipos de buques que operan cargas a granel (Capesize, Panamax y Handy [1]).
El procedimiento consiste en el cálculo de un índice para cada uno de los tres tipos de buque, usando un promedio ponderado de fletes para cada una de las rutas que son importantes a cada uno de aquellos, y luego combina dichos índices para la determinación del BDI. En consecuencia, se considera que el BDI, así como también cada uno de los tres índices que le dan origen, representa adecuadamente la situación de los precios del transporte marítimo internacional de cargas a granel. Es importante destacar que cada uno de los tres son muy importantes en el comercio marítimo de cargas de graneles no petroleros de América Latina.
El índice de fletes de buques Capesize se calcula con información efectiva de fletes de 10 rutas mundiales, para un buque típico de 172 mil toneladas dwt (deadweight tonnes o toneladas de peso muerto). De las rutas utilizadas para su construcción, tres tienen origen en América Latina, con una incidencia en el total del 30%. El índice de los Panamax se construye actualmente sobre 7 rutas internacionales, para un buque tipo de 74 mil toneladas dwt, En el caso de los barcos Handy, el buque típico ronda los 40 mil toneladas dwt, y la incidencia de las rutas que tocan América Latina es del 37.5%.
La evolución del BDI está representada en el siguiente gráfico:
La evolución del BDI está representada en el siguiente gráfico:
Gráfico No 2
ÍNDICE BALTIC DRY (1987-2006)
Fuente: Ricardo J Sánchez, sobre la base de información de The Baltic Exchange obtenida a través de Bloomberg, portal internacional económico (www.bloomberg.com)
La evolución de los precios del transporte por agua de los graneles (especialmente referidos a minerales, productos y sub-productos agrícolas) exhibe un comportamiento bastante estable hasta el año 2002, cuando inició un período completamente nuevo en lo que se refiere a valores. Hasta finales de 2002, y desde el año 1987, el promedio histórico del índice se ubicó en 1 349 puntos, mientras que entre 2003 y 2006 éste ascendió a los 3 431 puntos.
Como se observa en el gráfico los valores crecieron rápidamente a partir del año 2002, alcanzando cifras por sobre los 5 000 puntos durante la mayor parte de 2004, con un máximo histórico de 5 518 en diciembre de 2004 (382% por encima del promedio de 2002).
Las tablas a continuación presentan la evolución del promedio anual y desvíos estándares de cada uno de los cuatro índices. En general, el comportamiento es similar, exhibiendo un aumento muy marcado desde el año 2002 hasta el 2004, para retroceder a partir de allí hasta el 2006, pero en todos los casos con valores muy superiores a los iniciales.
Como se observa en el gráfico los valores crecieron rápidamente a partir del año 2002, alcanzando cifras por sobre los 5 000 puntos durante la mayor parte de 2004, con un máximo histórico de 5 518 en diciembre de 2004 (382% por encima del promedio de 2002).
Las tablas a continuación presentan la evolución del promedio anual y desvíos estándares de cada uno de los cuatro índices. En general, el comportamiento es similar, exhibiendo un aumento muy marcado desde el año 2002 hasta el 2004, para retroceder a partir de allí hasta el 2006, pero en todos los casos con valores muy superiores a los iniciales.
Tabla No 1
ÍNDICE PROMEDIO ANUAL Y DESVÍO ESTÁNDAR (HANDY Y PANAMAX)
Nota: (*) no disponible debido a que el índice comenzó a construirse en el año 2000
Fuente: Ricardo J. Sánchez y Alejandro Vargas, DRNI, CEPAL.
Nota: (*) no disponible debido a que el índice comenzó a construirse en el año 2000
Fuente: Ricardo J. Sánchez y Alejandro Vargas, DRNI, CEPAL.
El índice de precio de transporte marítimo por buques tipo Handy creció un 253% entre 2002 y 2004, y decreció luego un 29% en 2006. Sin embargo, el promedio de 2006 es un 151% superior al inicial. De manera similar, el índice basado en los buques Panamax creció un 288% y se redujo un 31% entre 2002 y 2004 en el primer caso, y entre 2004 y 2006 en el segundo. El índice promedio de 2006 es, de todos modos, 167% superior comparado con el de 2002.
Tabla No 2
ÍNDICE PROMEDIO ANUAL Y DESVÍO ESTÁNDAR (CAPESIZE Y BALTIC DRY)
Fuente: Ricardo J. Sánchez y Alejandro Vargas, DRNI, CEPAL.
Fuente: Ricardo J. Sánchez y Alejandro Vargas, DRNI, CEPAL.
Por su parte, el índice basado en buques Capesize aumentó en el promedio anual un 331% entre 2002 y 2004, cayendo hacia 2006 el 29% respecto a 2004 y manteniéndose un 207% por encima del promedio de 2002.
Finalmente, el índice general Baltic Dry mostraba en el promedio de 2004 un crecimiento del 462% respecto al de 2002, y una retracción del 57% en 2006 sobre 2004. El índice de 2006 era un 143% superior al inicio del periodo (2002).
También pudo observarse, entre 2002 y 2006 una gran volatilidad de los precios.
Al analizar la serie completa de Baltic Dry, desde 1985 (año en que se comenzó a sistematizar su procesamiento) hasta el final de 2006, también puede apreciarse cierta regularidad en los comportamientos de subas y bajas anuales en los precios. En 17 de los 22 años analizados, los valores máximos de cada año se ubicaron entre los meses de diciembre y marzo, cifra que es 21 si se incluyen los meses de abril y mayo. Respecto a los valores mínimos, hay una frecuencia de 10 entre 22 en el cuatrimestre junio-septiembre.
En muchos casos, el proceso de incremento de precios se ubica a partir del mes de octubre, para llegar a los máximos entre diciembre y marzo.
Gráfico No 3
PROMEDIO BALTIC DRY (2002-2006)
Fuente: Ricardo J. Sánchez y Alejandro Vargas, DRNI, CEPAL.
Fuente: Ricardo J. Sánchez y Alejandro Vargas, DRNI, CEPAL.
En el Gráfico No 3 puede apreciarse el promedio de los últimos 60 meses y la tendencia lineal del índice del Baltic Dry. Obsérvese que durante los años 2004 y 2005 se repite el comportamiento de fuertes subas de precios desde mediados de año y octubre, con máximo en febrero, y luego caída hasta el mes de junio. Sin embargo, la diferencia marcada en 2006 fue que desde el mes de febrero se mantuvo una suba paulatina a lo largo de todo el año (que se mantuvo en enero de 2007).
3. TRANSPORTE DE PETRÓLEO Y REFINADOS
El Gráfico No 4 expone la evolución de los fletes de graneles líquidos del periodo 2002-2006, de acuerdo a los índices de The Baltic Exchange construidos sobre precios de transporte de crudo y derivados de petróleo.
Gráfico No 4
ÍNDICE DIRTY TANKER VERSUS CLEAN TANKER
Fuente: Ricardo J Sánchez, sobre la base de información de The Baltic Exchange obtenida a través de Bloomberg, portal internacional económico (www.bloomberg.com)
Como se observa, la tendencia ha sido creciente, y la volatilidad ha sido alta. Los valores para los buques para el transporte de productos refinados de petróleo (Clean Tankers) presentan un comportamiento menos extremo que los que corresponden a los buques para el transporte de productos no refinados de petróleo (Dirty Tankers).
La tabla a continuación exhibe los valores promedio anuales de ambos índices, como así también el desvío estándar de los mismos.
Tabla No 3
ÍNDICE PROMEDIO ANUAL Y DESVÍO ESTÁNDAR (DIRTY TANKER Y CLEAN TANKER)
Fuente: Ricardo J. Sánchez y Alejandro Vargas, DRNI, CEPAL.
Fuente: Ricardo J. Sánchez y Alejandro Vargas, DRNI, CEPAL.
En el caso del índice Dirty Tanker, tomando promedios anuales, experimentó una suba del 114% entre 2002 y 2004, y luego una reducción del 27% en 2006, respecto a 2004. El promedio 2006 fue un 54% superior al de 2002.
Tal como se aprecia tanto en el gráfico como en la tabla anterior, junto con la fuerte variación de los precios, puede observarse una alta volatilidad de los precios
El índice Clean Tanker, según los promedios anuales, subió un 79% entre 2002 y 2005, y luego una caída del 15% en 2006, en relación al año anterior; sin embargo, el promedio 2006 fue un 51% superior al de 2002.
En este caso, la volatilidad manifiesta un comportamiento menos extremo, pero también está presente.
[1] Capesize: son barcos destinados principalmente al transporte de minerales que no pueden transitar por el Canal de Panamá debido a su tamaño, y deben hacerlo por el Cabo de Buena Esperanza (África del Sur) u otras arterias o pasos. Algunos capesize se usan para el transporte de granos, pero en menor proporción. Panamax: Son los barcos más grandes que pueden transitar por el diseño actual del Canal de Panamá. La eslora es de alrededor de 275 metros y el desplazamiento medio supera las 70 mil toneladas. Handy: son los menores del grupo, con desplazamientos de 25 mil a 50 mil toneladas, utilizados habitualmente para el transporte de granos y derivados.
Ilegalidades de Saint Martín y Oceanografía
Derivado de investigaciones periodísticas de Contralínea, sobre las irregularidades en contratos asignados por Pemex a Saint Martín Construcciones y Oceanografía, la Auditoria Superior de la Federación investigó y comprobó anomalías de ambas empresas
Fuente: Revista Fortuna
Ana Lilia Pérez
Entre 2004 y 2005, a petición del Congreso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó algunos contratos otorgados por Pemex Exploración y Producción (PEP) a las empresas Saint Martín Construcciones (SMC) y Oceanografía S.A., y comprobó irregularidades en ambas contratistas.
La auditoría se incluyó dentro del programa de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2005, y se derivó de lo que publicó Contralínea respecto a la relación de ambas empresas con familiares de Marta Sahagún y la complicidad de funcionarios de Pemex al asignarles millonarios convenios.
La mayoría de los contratos fueron por adjudicación directa, pese a que ambas empresas carecían de capacidad técnica y económica, en clara violación a las leyes de Obra Pública y de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Aunque la revisión de la ASF se limitó a 18 contratos: nueve de SMC y nueve de Oceanografía, que representan menos del 10 por ciento de los que cada empresa recibió en el sexenio de Vicente Fox, el órgano de fiscalización comprobó que en la mitad de ellos hubo irregularidades por parte de las empresas y de los funcionarios de Pemex Exploración y Producción.
La revisión de ambas empresas se limitó a los contratos que le otorgó la subsidiaria PEP, por ser ésta en la que los Bribiesca tuvieron mayor área de influencias para sus ilegales negocios, cuando Luis Ramírez Corzo dirigió la subsidiaria y posteriormente Carlos Morales Gil.
Saint Martín
De los contratos asignados a Saint Martín, la ASF fiscalizó una muestra de seis de ellos para obra pública: 415114990, 411253849, 41511385, 415114833, 415114837, y 411253850; y tres de arrendamiento: 411004813, 411004814 y 411004815.
El contrato 411253849, asignado a SMC para trabajos de protección del suelo en pozos de la región sur, involucró 115 millones 801 mil pesos, a ejecutarse del 7 de julio de 2003 al 2 de enero de 2004.
La ASF comprobó que PEP incurrió en violaciones a la asignación del contrato, pues Saint Martín no presentó la garantía de vicios ocultos prevista en la legislación. La misma irregularidad detectó en el contrato 411253850, cuyo monto fue de 81 millones 274 mil pesos. La ASF recomendó a PEP que se “cerciore” de que la contratista presente garantías.
En el 30 por ciento de los contratos de Saint Martín, la ASF descubrió que de forma ilegal la empresa omitió reportar a PEP la conclusión de los trabajos contratados; tampoco hizo entrega física y, a pesar de ello, PEP finiquitó los contratos sin certificar su cumplimiento.
La falta de verificación de PEP sobre las obras encomendadas a SMC se detectó en los contratos 411253849, 411253850 y 415114990; por éste último PEP pagó más de 185 millones de pesos sin certificar su cumplimiento, que consistió en la “construcción y/o sustitución del oleogasoducto de 54 mil 159 kilómetros de la batería Luna a la batería Oxiacaque”.
Millonarios contratos
A pesar de los hallazgos de la ASF respecto a las irregularidades de SMC, la muestra que fiscalizó fue mínima; sólo se revisaron nueve de más de 60 contratos que el consorcio de los hermanos Juan de Dios, Rodolfo y Alejandro Saint Martín recibió el sexenio pasado.
La mayoría de los trabajos se hicieron por adjudicación directa a manos de funcionarios de PEP: Ricardo Palomo Martínez, Héctor Leyva Torres, Pedro Chávez Morales, Carlos Rasso Zamora, Ramón Alfonso Figuerola, Genaro Pérez Mejía, Pedro Javier Caudillo Márquez e incluso el propio ex titular de la subsidiaria, Carlos Morales Gil.
Cuando se desempeñó como subdirector de la Región Sur de PEP, Morales Gil adjudicó a Saint Martín un contrato por 38 millones de pesos, y como titular de PEP, también de manera directa, otro por 104 millones de pesos.
La historia de los hermanos Saint Martín en Pemex fue documentada por los contralores internos de la paraestatal, como una de las empresas más corruptas; sin embargo, por la red de tráfico de influencias que tendieron en Pemex a la fecha continúa vigente, pues mantienen el monopolio de los trabajos de “remediación” de pozos petroleros de Campeche, Tabasco y Veracruz, en los que se han detectado serias irregularidades.
Los contratos que SMC obtuvo en la gestión de Luis Ramírez Corzo, primero como titular de PEP y luego como director general de Pemex, ascienden a 2 mil 723 millones de pesos y 12 millones de dólares.
El contrato más oneroso, por 800 millones de pesos, fue asignado en 2004 por “Servicios para Manejo Integral de Recortes y Residuos Líquidos generados durante la Perforación y Mantenimiento de Pozos de Comalcalco, Delta del Tonalá, Reforma y Ciudad Pemex”.
Sobre éste polémico contrato, que no fue auditado por la ASF, el OIC en PEP abrió una indagatoria y descubrió que Saint Martín presentó documentación apócrifa y simuló como competidor a una de sus empresas filiales (Proses) para justificar la licitación pública
Sin embargo, había otro impedimento: Proses no contaba con una empresa que respaldara el traslado de los residuos, como establecían las bases de licitación, así que Juan de Dios Saint Martín falsificó documentos a nombre de Auto Express Cárdenas S. A. (AECSA), como proveedora para el servicio de transporte de residuos.
El fraude fue descubierto por el OIC, porque, aún cuando PEP ya había asignado el contrato a Proses, José Adrián Cárdenas Taméz, dueño de AECSA, denunció penalmente (A-II-0308/2004) a Proses por falsificación de documentos y abuso de confianza, y contra Juan de Dios Saint Martín por falsificación de documentos (Contralínea 33).
El OIC ordenó la cancelación del contrato; sin embargo, meses después PEP renumeró el mismo contrato y nuevamente se lo otorgó a Saint Martín, aunque a nombre de CSM y no de Proses.
El 9 de noviembre de 2004, en una reunión entre funcionarios de Pemex y la contratista, Cecilia Hernández López, subgerente de Recursos Materiales de UPMP, argumentó que la propuesta de Saint Martín cumplía con los requerimientos para ejecutar el contrato, por 779 millones 822 mil 302 pesos. Así, mediante esta triangulación, funcionarios de PEP y los empresarios justificaron la viciada asignación.
La liga con Manuel Bribiesca
Durante el sexenio de Fox, los contratistas de Pemex estrecharon sus vínculos con la Presidencia a través de Manuel y Jorge Bribiesca. En el caso del grupo Saint Martín, el enlace se dio por medio de un gestor de Pemex llamado Ricardo Silva.
Los hijos de Marta Sahagún operaron para que Pemex otorgara a CSM un contrato por más de 400 millones de pesos, vía adjudicación directa, para limpiar el derrame de crudo tras una explosión en Nanchital, Veracruz, en diciembre de 2004.
Aun con los antecedentes de incumplimientos de la empresa, la adjudicación se dio con el visto bueno de Ramírez Corzo y Juan Bueno Torio, a la sazón director general de Pemex y director de Pemex Refinación, respectivamente.
En el último día de su gestión al frente de Refinación (al que renunció para convertirse en senador), Juan Bueno Torio señaló que tenía conocimiento de “irregularidades” de la empresa SMC; sin embargo, justificó: “se trataba de una emergencia y alguien tenía que hacer el trabajo”.
Meses después, en Villahermosa, en 2005, ex empleados de Saint Martín, entre ellos su ex apoderado legal, revelaron a Contralínea que fueron los hijos de Marta Sahagún los que consiguieron que Pemex le entregara este contrato a SMC.
El solapamiento a los hermanos Saint Martín llegó al más alto nivel en Pemex por su relación con Luis Ramírez Corzo, quien desde PEP avaló los contratos, y como director general de Pemex autorizó que se les adjudicara de manera directa un contrato por más de 400 millones de pesos para limpiar el derrame de Nanchital.
En la ejecución del contrato, SMC nunca limpió la zona, infló los precios y falsificó documentos para exigir a Pemex el pago de 987 millones de pesos, provocando un conflicto entre los lugareños afectados y la paraestatal. De este convenio finalmente Pemex pagó a SMC 450 millones de pesos, aunque los trabajos de remediación finalmente tuvieron que ser realizados por otras empresas.
Como director de PEP, en entrevista con Contralínea, Ramírez Corzo señaló a Saint Martín como una empresa “corrupta”; y justificó que, aunque su intención era que dejara de prestar servicios a Pemex, estaba consciente de que no tenía capacidad técnica para los trabajos que se les encomendaban. Decía, “la Ley Federal de Adquisiciones y Obras Públicas no tiene los suficientes candados para eliminarla de la lista de proveedores y prestadores de servicios de la paraestatal”.
Por su parte, los ex trabajadores del consorcio, cuya sede está en Villahermosa, explicaron que los hermanos Saint Martín vieron en su relación con Manuel y Jorge Bribiesca la opción para evitar que la SFP los vetara, por el cúmulo de denuncias en su contra.
Aunado a la ausencia del veto, los ex trabajadores de SMC dicen que el primer contrato que la empresa obtuvo por “gestiones” de los Bribiesca fue el 18575088-033-04, para tratamiento de recortes de perforación que originalmente había ganado la empresa PASA, por un monto de 200 millones, y por el que PEP pagó a Saint Martín 800 millones de pesos.
Además de la gestión de los Bribiesca para arreglar la licitación, los hijos de Marta Sahagún operaron para que el delegado de la Profepa, Ramiro Berrón Lara, retirara la clausura y condonara la multa por un millón 272 mil pesos a la empresa, por violar la Ley General de Equilibrio Ecológico.
Entrevistados en Villahermosa, trabajadores y ex empleados del área de administración de la empresa reconocen que en el sector petrolero “sabíamos que los Bribiesca arreglaban contratos. A Saint Martín le arreglaron la licitación para recortes de perforación 18575088-033-04, desde la dirección de PEP, a través de Carlos Morales Gil”.
La impunidad de la empresa llegó a tal nivel que incluso el entonces subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, Juan Rafael Elvira, actual secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, comentó a la reportera que el entonces procurador de Medio Ambiente José Luis Luege estaba “consciente” de la complicidad de funcionarios de Profepa en Villahermosa con Saint Martín.
Durante el sexenio foxista la empresa SMC fue denunciada ante la SFP, Profepa, Semarnat y ante el OIC en PEP, pero ninguna autoridad hizo algo: la mayoría de estas indagatorias fueron reservadas por 12 años, para evitar informar a la población.
El caso Oceanografía
Durante el gobierno foxista, Raúl Muños Leos y Luis Ramírez Corzo, como directores generales de Pemex, beneficiaron a Oceanografía S.A. con jugosos contratos, cuyo monto, a diciembre de 2006, era de casi 9 mil millones de pesos.
A raíz de lo publicado por Contralínea sobre los “beneficios” que recibía la empresa, gracias a las gestiones de los familiares de Marta Sahagún, los diputados federales, que a partir de 2004 indagaron los ilegales negocios de los Bribiesca, solicitaron a la ASF fiscalizar dichos contratos dentro de una auditoría especial. La revisión se limitó a los contratos: 412003810, 412602804, 418815856, 418235812, 418235840, y 418235843, 411003807, 411003805, y 411003806.
El contrato 418235840 fue adjudicado por PEP a Oceanografía el 25 de enero de 2005, para la inspección, mantenimiento y protección anticorrosivo en la terminal marítima Dos Bocas, Tabasco, por 13 millones de pesos y un millón 269 mil dólares, y en el que la ASF detectó que PEP pagó a la empresa el finiquito antes del periodo de conclusión de los trabajos.
La misma irregularidad se encontró en el contrato 418815856, que PEP adjudicó a la naviera el 16 de agosto de 2005 para “realizar el estabilizado, rehabilitación del sistema de protección catódica de líneas submarinas” de la región suroeste.
Este contrato por 70 millones de pesos y 16 millones de dólares fue adjudicado por PEP en el mismo periodo en el que el Congreso indagaba el tráfico de influencias de los Bribiesca a favor de esta empresa, la cual por sus incumplimientos debía ser vetada por la Secretaría de la Función Pública.
Respecto a los contratos 418235840 y 418235843, la ASF comprobó que su adjudicación fue ilegal, puesto que Oceanografía no presentó a tiempo sus estimaciones de costos.
El contrato 418235840 fue adjudicado a la naviera para realizar la inspección, mantenimiento y protección anticorrosiva en terminales marítimas Dos Bocas, Tabasco, y Cayo Arcas, Campeche, por 198 millones de pesos y 17 millones de dólares.
En contravención de la Ley de Obra Pública, el contrato 418235843, por 676 millones de pesos y 26 millones de dólares, se adjudicó a la empresa de forma directa, pese a que debía ser licitado. Aunado a que la naviera no presentó su estimación de costos a PEP, como marca la ley.
La ASF comprobó también que la naviera, propiedad de Amado Yánez Osuna y Amado Yánez Correa, incumplió en la ejecución del contrato 418815856, con un atraso de 16 días, y, pese a ello, PEP no le aplicó sanción por pérdidas estimadas en 50 mil pesos y 23 mil dólares.
Escueta fiscalización
Los vínculos de los hijos de Marta Sahagún con Oceanografía fueron confirmados a Contralínea por Manuel Bribiesca, y derivado de ello, los diputados federales que indagaban sus negocios encargaron a la ASF que hiciera las auditorías correspondientes.
En agosto de 2005 la entonces diputada Martha Lucía Micher, quien encabezó la Comisión Especial para investigar a los Bribiesca, reveló en entrevista que solicitaría a la ASF fiscalizar los 101 contratos de obras y servicios que desde inicios del sexenio y hasta esa fecha había otorgado PEP a la naviera, y que de acuerdo con los expedientes que Contralínea proporcionó al Congreso, sumaban más de 6 mil 500 millones de pesos.
Al final del sexenio de Fox, la naviera, que antes de 2000 era una empresa venida a menos, había recibido contratos por 9 mil millones de pesos (Contralínea 47); sin embargo, la fiscalización de la ASF se limitó a revisar únicamente nueve de ellos.
Año V No. 51 Abril 2007
Fuente: Revista Fortuna
Ana Lilia Pérez
Entre 2004 y 2005, a petición del Congreso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó algunos contratos otorgados por Pemex Exploración y Producción (PEP) a las empresas Saint Martín Construcciones (SMC) y Oceanografía S.A., y comprobó irregularidades en ambas contratistas.
La auditoría se incluyó dentro del programa de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2005, y se derivó de lo que publicó Contralínea respecto a la relación de ambas empresas con familiares de Marta Sahagún y la complicidad de funcionarios de Pemex al asignarles millonarios convenios.
La mayoría de los contratos fueron por adjudicación directa, pese a que ambas empresas carecían de capacidad técnica y económica, en clara violación a las leyes de Obra Pública y de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Aunque la revisión de la ASF se limitó a 18 contratos: nueve de SMC y nueve de Oceanografía, que representan menos del 10 por ciento de los que cada empresa recibió en el sexenio de Vicente Fox, el órgano de fiscalización comprobó que en la mitad de ellos hubo irregularidades por parte de las empresas y de los funcionarios de Pemex Exploración y Producción.
La revisión de ambas empresas se limitó a los contratos que le otorgó la subsidiaria PEP, por ser ésta en la que los Bribiesca tuvieron mayor área de influencias para sus ilegales negocios, cuando Luis Ramírez Corzo dirigió la subsidiaria y posteriormente Carlos Morales Gil.
Saint Martín
De los contratos asignados a Saint Martín, la ASF fiscalizó una muestra de seis de ellos para obra pública: 415114990, 411253849, 41511385, 415114833, 415114837, y 411253850; y tres de arrendamiento: 411004813, 411004814 y 411004815.
El contrato 411253849, asignado a SMC para trabajos de protección del suelo en pozos de la región sur, involucró 115 millones 801 mil pesos, a ejecutarse del 7 de julio de 2003 al 2 de enero de 2004.
La ASF comprobó que PEP incurrió en violaciones a la asignación del contrato, pues Saint Martín no presentó la garantía de vicios ocultos prevista en la legislación. La misma irregularidad detectó en el contrato 411253850, cuyo monto fue de 81 millones 274 mil pesos. La ASF recomendó a PEP que se “cerciore” de que la contratista presente garantías.
En el 30 por ciento de los contratos de Saint Martín, la ASF descubrió que de forma ilegal la empresa omitió reportar a PEP la conclusión de los trabajos contratados; tampoco hizo entrega física y, a pesar de ello, PEP finiquitó los contratos sin certificar su cumplimiento.
La falta de verificación de PEP sobre las obras encomendadas a SMC se detectó en los contratos 411253849, 411253850 y 415114990; por éste último PEP pagó más de 185 millones de pesos sin certificar su cumplimiento, que consistió en la “construcción y/o sustitución del oleogasoducto de 54 mil 159 kilómetros de la batería Luna a la batería Oxiacaque”.
Millonarios contratos
A pesar de los hallazgos de la ASF respecto a las irregularidades de SMC, la muestra que fiscalizó fue mínima; sólo se revisaron nueve de más de 60 contratos que el consorcio de los hermanos Juan de Dios, Rodolfo y Alejandro Saint Martín recibió el sexenio pasado.
La mayoría de los trabajos se hicieron por adjudicación directa a manos de funcionarios de PEP: Ricardo Palomo Martínez, Héctor Leyva Torres, Pedro Chávez Morales, Carlos Rasso Zamora, Ramón Alfonso Figuerola, Genaro Pérez Mejía, Pedro Javier Caudillo Márquez e incluso el propio ex titular de la subsidiaria, Carlos Morales Gil.
Cuando se desempeñó como subdirector de la Región Sur de PEP, Morales Gil adjudicó a Saint Martín un contrato por 38 millones de pesos, y como titular de PEP, también de manera directa, otro por 104 millones de pesos.
La historia de los hermanos Saint Martín en Pemex fue documentada por los contralores internos de la paraestatal, como una de las empresas más corruptas; sin embargo, por la red de tráfico de influencias que tendieron en Pemex a la fecha continúa vigente, pues mantienen el monopolio de los trabajos de “remediación” de pozos petroleros de Campeche, Tabasco y Veracruz, en los que se han detectado serias irregularidades.
Los contratos que SMC obtuvo en la gestión de Luis Ramírez Corzo, primero como titular de PEP y luego como director general de Pemex, ascienden a 2 mil 723 millones de pesos y 12 millones de dólares.
El contrato más oneroso, por 800 millones de pesos, fue asignado en 2004 por “Servicios para Manejo Integral de Recortes y Residuos Líquidos generados durante la Perforación y Mantenimiento de Pozos de Comalcalco, Delta del Tonalá, Reforma y Ciudad Pemex”.
Sobre éste polémico contrato, que no fue auditado por la ASF, el OIC en PEP abrió una indagatoria y descubrió que Saint Martín presentó documentación apócrifa y simuló como competidor a una de sus empresas filiales (Proses) para justificar la licitación pública
Sin embargo, había otro impedimento: Proses no contaba con una empresa que respaldara el traslado de los residuos, como establecían las bases de licitación, así que Juan de Dios Saint Martín falsificó documentos a nombre de Auto Express Cárdenas S. A. (AECSA), como proveedora para el servicio de transporte de residuos.
El fraude fue descubierto por el OIC, porque, aún cuando PEP ya había asignado el contrato a Proses, José Adrián Cárdenas Taméz, dueño de AECSA, denunció penalmente (A-II-0308/2004) a Proses por falsificación de documentos y abuso de confianza, y contra Juan de Dios Saint Martín por falsificación de documentos (Contralínea 33).
El OIC ordenó la cancelación del contrato; sin embargo, meses después PEP renumeró el mismo contrato y nuevamente se lo otorgó a Saint Martín, aunque a nombre de CSM y no de Proses.
El 9 de noviembre de 2004, en una reunión entre funcionarios de Pemex y la contratista, Cecilia Hernández López, subgerente de Recursos Materiales de UPMP, argumentó que la propuesta de Saint Martín cumplía con los requerimientos para ejecutar el contrato, por 779 millones 822 mil 302 pesos. Así, mediante esta triangulación, funcionarios de PEP y los empresarios justificaron la viciada asignación.
La liga con Manuel Bribiesca
Durante el sexenio de Fox, los contratistas de Pemex estrecharon sus vínculos con la Presidencia a través de Manuel y Jorge Bribiesca. En el caso del grupo Saint Martín, el enlace se dio por medio de un gestor de Pemex llamado Ricardo Silva.
Los hijos de Marta Sahagún operaron para que Pemex otorgara a CSM un contrato por más de 400 millones de pesos, vía adjudicación directa, para limpiar el derrame de crudo tras una explosión en Nanchital, Veracruz, en diciembre de 2004.
Aun con los antecedentes de incumplimientos de la empresa, la adjudicación se dio con el visto bueno de Ramírez Corzo y Juan Bueno Torio, a la sazón director general de Pemex y director de Pemex Refinación, respectivamente.
En el último día de su gestión al frente de Refinación (al que renunció para convertirse en senador), Juan Bueno Torio señaló que tenía conocimiento de “irregularidades” de la empresa SMC; sin embargo, justificó: “se trataba de una emergencia y alguien tenía que hacer el trabajo”.
Meses después, en Villahermosa, en 2005, ex empleados de Saint Martín, entre ellos su ex apoderado legal, revelaron a Contralínea que fueron los hijos de Marta Sahagún los que consiguieron que Pemex le entregara este contrato a SMC.
El solapamiento a los hermanos Saint Martín llegó al más alto nivel en Pemex por su relación con Luis Ramírez Corzo, quien desde PEP avaló los contratos, y como director general de Pemex autorizó que se les adjudicara de manera directa un contrato por más de 400 millones de pesos para limpiar el derrame de Nanchital.
En la ejecución del contrato, SMC nunca limpió la zona, infló los precios y falsificó documentos para exigir a Pemex el pago de 987 millones de pesos, provocando un conflicto entre los lugareños afectados y la paraestatal. De este convenio finalmente Pemex pagó a SMC 450 millones de pesos, aunque los trabajos de remediación finalmente tuvieron que ser realizados por otras empresas.
Como director de PEP, en entrevista con Contralínea, Ramírez Corzo señaló a Saint Martín como una empresa “corrupta”; y justificó que, aunque su intención era que dejara de prestar servicios a Pemex, estaba consciente de que no tenía capacidad técnica para los trabajos que se les encomendaban. Decía, “la Ley Federal de Adquisiciones y Obras Públicas no tiene los suficientes candados para eliminarla de la lista de proveedores y prestadores de servicios de la paraestatal”.
Por su parte, los ex trabajadores del consorcio, cuya sede está en Villahermosa, explicaron que los hermanos Saint Martín vieron en su relación con Manuel y Jorge Bribiesca la opción para evitar que la SFP los vetara, por el cúmulo de denuncias en su contra.
Aunado a la ausencia del veto, los ex trabajadores de SMC dicen que el primer contrato que la empresa obtuvo por “gestiones” de los Bribiesca fue el 18575088-033-04, para tratamiento de recortes de perforación que originalmente había ganado la empresa PASA, por un monto de 200 millones, y por el que PEP pagó a Saint Martín 800 millones de pesos.
Además de la gestión de los Bribiesca para arreglar la licitación, los hijos de Marta Sahagún operaron para que el delegado de la Profepa, Ramiro Berrón Lara, retirara la clausura y condonara la multa por un millón 272 mil pesos a la empresa, por violar la Ley General de Equilibrio Ecológico.
Entrevistados en Villahermosa, trabajadores y ex empleados del área de administración de la empresa reconocen que en el sector petrolero “sabíamos que los Bribiesca arreglaban contratos. A Saint Martín le arreglaron la licitación para recortes de perforación 18575088-033-04, desde la dirección de PEP, a través de Carlos Morales Gil”.
La impunidad de la empresa llegó a tal nivel que incluso el entonces subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, Juan Rafael Elvira, actual secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, comentó a la reportera que el entonces procurador de Medio Ambiente José Luis Luege estaba “consciente” de la complicidad de funcionarios de Profepa en Villahermosa con Saint Martín.
Durante el sexenio foxista la empresa SMC fue denunciada ante la SFP, Profepa, Semarnat y ante el OIC en PEP, pero ninguna autoridad hizo algo: la mayoría de estas indagatorias fueron reservadas por 12 años, para evitar informar a la población.
El caso Oceanografía
Durante el gobierno foxista, Raúl Muños Leos y Luis Ramírez Corzo, como directores generales de Pemex, beneficiaron a Oceanografía S.A. con jugosos contratos, cuyo monto, a diciembre de 2006, era de casi 9 mil millones de pesos.
A raíz de lo publicado por Contralínea sobre los “beneficios” que recibía la empresa, gracias a las gestiones de los familiares de Marta Sahagún, los diputados federales, que a partir de 2004 indagaron los ilegales negocios de los Bribiesca, solicitaron a la ASF fiscalizar dichos contratos dentro de una auditoría especial. La revisión se limitó a los contratos: 412003810, 412602804, 418815856, 418235812, 418235840, y 418235843, 411003807, 411003805, y 411003806.
El contrato 418235840 fue adjudicado por PEP a Oceanografía el 25 de enero de 2005, para la inspección, mantenimiento y protección anticorrosivo en la terminal marítima Dos Bocas, Tabasco, por 13 millones de pesos y un millón 269 mil dólares, y en el que la ASF detectó que PEP pagó a la empresa el finiquito antes del periodo de conclusión de los trabajos.
La misma irregularidad se encontró en el contrato 418815856, que PEP adjudicó a la naviera el 16 de agosto de 2005 para “realizar el estabilizado, rehabilitación del sistema de protección catódica de líneas submarinas” de la región suroeste.
Este contrato por 70 millones de pesos y 16 millones de dólares fue adjudicado por PEP en el mismo periodo en el que el Congreso indagaba el tráfico de influencias de los Bribiesca a favor de esta empresa, la cual por sus incumplimientos debía ser vetada por la Secretaría de la Función Pública.
Respecto a los contratos 418235840 y 418235843, la ASF comprobó que su adjudicación fue ilegal, puesto que Oceanografía no presentó a tiempo sus estimaciones de costos.
El contrato 418235840 fue adjudicado a la naviera para realizar la inspección, mantenimiento y protección anticorrosiva en terminales marítimas Dos Bocas, Tabasco, y Cayo Arcas, Campeche, por 198 millones de pesos y 17 millones de dólares.
En contravención de la Ley de Obra Pública, el contrato 418235843, por 676 millones de pesos y 26 millones de dólares, se adjudicó a la empresa de forma directa, pese a que debía ser licitado. Aunado a que la naviera no presentó su estimación de costos a PEP, como marca la ley.
La ASF comprobó también que la naviera, propiedad de Amado Yánez Osuna y Amado Yánez Correa, incumplió en la ejecución del contrato 418815856, con un atraso de 16 días, y, pese a ello, PEP no le aplicó sanción por pérdidas estimadas en 50 mil pesos y 23 mil dólares.
Escueta fiscalización
Los vínculos de los hijos de Marta Sahagún con Oceanografía fueron confirmados a Contralínea por Manuel Bribiesca, y derivado de ello, los diputados federales que indagaban sus negocios encargaron a la ASF que hiciera las auditorías correspondientes.
En agosto de 2005 la entonces diputada Martha Lucía Micher, quien encabezó la Comisión Especial para investigar a los Bribiesca, reveló en entrevista que solicitaría a la ASF fiscalizar los 101 contratos de obras y servicios que desde inicios del sexenio y hasta esa fecha había otorgado PEP a la naviera, y que de acuerdo con los expedientes que Contralínea proporcionó al Congreso, sumaban más de 6 mil 500 millones de pesos.
Al final del sexenio de Fox, la naviera, que antes de 2000 era una empresa venida a menos, había recibido contratos por 9 mil millones de pesos (Contralínea 47); sin embargo, la fiscalización de la ASF se limitó a revisar únicamente nueve de ellos.
Año V No. 51 Abril 2007