Fuente: La Cronica de Hoy
Por: Daniel Blancas Madrigal Nacional
Las cifras no concuerdan. Los representantes legales de las empresas que laboraban en la Plataforma Usumacinta reportan indemnizaciones millonarias para las familias de los trabajadores muertos; viudas, madres, hablan de burlas, de regateos, de incumplimientos…
“Primero me ofrecieron 10 mil, les dije que si eso consideraban que valía la vida de mi esposo, después me volvieron a llamar y me dijeron: le vamos a dar otro cinco mil”, cuenta a este diario la esposa de uno de los empleados de Perforadora Central S.A de C.V . Habla con temor, porque dice, “a lo mejor a mi también me van a matar”… Solo se atreve a decir, con una nostalgia desbordada, que su compañero era el mejor motorista en la Sonda de Campeche.
En el acta de inspección extraordinaria ordenada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social —de la cual Crónica tiene una copia—, los inspecciones federales registraron los montos que cada una de las compañías involucradas en la tragedia se comprometió a pagar a los deudos.
Esta es la información que proporcionó Juan José González González, apoderado legal de Perforadora:
“Nos haremos cargo de todos los gastos del funeral, además de cubrir los traslados, transporte y gastos de familiares, alimentos, hospedaje; a las familias se les brindarán todas las facilidades para realizar los trámites de la correspondiente indemnización ante el IMSS, a la familia de la persona desaparecida (Francisco Abreu Villanueva) se le apoya entregándole la catorcena que le corresponde, misma que se seguirá proporcionando hasta que las autoridades determinen su situación”.
Y todavía añade: “Se otorgará una indemnización especial a los beneficiarios de los occisos de 18 meses de salario bruto que percibía cada trabajador, que va de 343 mil 876 pesos a un millón 76 mil 57 pesos”…
“Nada es cierto, nos han puesto trabas, que se habían firmado contratos en blanco, que no hay registros ante el IMSS, que no se estipularon los beneficiarios… Lo único que han dado es el ataúd y ahora la oferta de 15 mil pesos”, refuta la viuda y asegura que al menos 6 de los 10 trabajadores de Perforado fallecidos están en la misma situación.
Su versión concuerda con la de Mario Galicia, secretario general de la Unión de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera: “Las familias de Perforadora nos están reportando que se les ha ofrecido entre 10 mil y 15 mil pesos, que los abogados argumentan que los trabajadores no tenían ningún respaldo jurídico ni administrativo, las viudas están desesperadas”.
Los empleados de Pemex, dice, han recibido hasta ahora un trato distinto: sus indemnizaciones superan, en el peor de los casos, el millón de pesos. “Sus condiciones de contratación eran diferentes y, al parecer, se les han estado respetando”.
También hay quejas entre los deudos de las otras empresas. José Madrigal Córdova, padrasto de May Jiménez Aroer, quien trabajaba como cocinero en Central de Desarrollos Marinos, subcontratista de Servicios de Comisariato S.A de C.V, afirma: “Sabemos que no hay dinero que supla la ausencia… Ellos nos prometieron 450 mil pesos, pero no han cumplido. Nos dieron un primer pago de 250 mil, pero se han olvidado del resto y a quién recurrimos, quién nos ayuda, quién se acuerda de nosotros”.
En el acta de la STPS, Desarrollos Marinos se comprometió a dar las siguientes cantidades a sus cuatro fallecidos. Además de May, dijo que entregaría 200 mil pesos a la familia de Benito de los Santos y lo mismo a la de Juan Felipe Figueroa; además, otorgaría 250 mil a la de María del Carmen Aguilar Sánchez, la cocinera que, después de que su mandarina se volteó, tuvo miedo a salir por la escotilla, “porque no sé nadar, no sé nadar”, gritaba… Y luego vino el silencio.
Arrastra Pemex serias irregularidades financieras
[ Moisés Sánchez Limón ]
De acuerdo con un informe de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Petróleos Mexicanos (Pemex) arrastra severas irregularidades de desempeño financiero, especialmente en contratos y adquisiciones fuera de la normatividad legalmente prevista.
El problema no es menor. De la situación que guarda la solventación de observaciones-acciones promovidas a Pemex en el periodo 2002-2005, el informe remitido por el auditor Arturo González de Aragón a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados contiene información clasificada como reservada.
Y es que —se explica en el documento de información relevante sobre los resultados de la fiscalización superior a Petróleos Mexicanos— “se refiere a acciones que se encuentran en proceso de solventación, atención o relacionadas con averiguaciones previas y procedimientos administrativos que a la fecha del corte (noviembre de 2007) no han causado estado”.
Así, aún sin resultados concretos de la fiscalización realizada en el periodo 2002-2005 a la paraestatal y sus corporativos, la ASF someterá a la empresa a 44 auditorías —incluso a PMI Comercio Internacional y al Instituto Mexicano del Petróleo—, como parte de la revisión de la Cuenta Pública Federal del último año de la administración foxista.
Empero, de suyo el informe relacionado con la Cuenta Pública de 2005 revela severas irregularidades en el manejo presupuestal en Petróleos Mexicanos y sus filiales.
En las observaciones que el órgano fiscalizador dependiente de la Cámara de Diputados registró para solventación de la paraestatal, el punto recurrente es la discrecionalidad en el otorgamiento de contratos y adquisiciones.
Por ejemplo en una revisión al capitulo 3000 “Servicios Generales”, Pemex Exploración-Producción realizó pagos por 174.4 millones de pesos en 41 contratos por servicios de asesoría y consultoría que adjudicó de manera directa, cuando debió haberlo hecho por licitación pública.
El informe de la Comisión de Vigilancia de la ASF también refiere que en una auditoría para evaluar los donativos otorgados por Pemex, determinó que “la normatividad presupuestaria carece de criterios para cotar la discrecionalidad en el otorgamiento de donativos, evaluar su impacto social y cuantificar la contribución del donativo en el logro de los objetivos de los programas”.
Tal es el caso del donativo otorgado al gobierno de Nuevo León, que un año después se verificó que no se había aplicado “y que se encuentra en la Tesorería del gobierno del estado”.
En otra parte del informe se puntualiza que “evidentemente es de llamar la atención en las seis auditorías de inversiones físicas en Pidiregas, en donde el factor recurrente es que los contratos mediante los que se formalizaron los términos y condiciones, precios y periodo de ejecución de los proyectos, fueron modificados considerablemente, lo que, en el mejor de los casos, se regulariza mediante convenios”.
El percance se dio por falta de mantenimiento, dice Canacintra
[ Cecilia Higuera ]
El accidente registrado en la plataforma de Petróleos Mexicanos (Pemex) Kab 101, ubicada en la Sonda de Campeche y que costó la vida a 22 trabajadores petroleros, es resultado de la falta de recursos que enfrenta la paraestatal para labores de exploración, producción y fundamentalmente el mantenimiento de sus instalaciones, consideró Azael Cisneros, presidente del Sector Químico de la Canacintra.
En ese mismo sentido y consultado por separado, Luis Eduardo Zedillo, vicepresidente nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ), destacó la urgencia de que la paraestatal se someta a procesos de normalización que le permitan actuar con plena confianza en sus procesos, así como ofrecer plena garantía a la integridad de sus trabajadores.
Luego de que Crónica diera a conocer un informe de la Secretaría del Trabajo en el que se señaló que Pemex y empresas contratistas que laboran en la Sonda de Campeche, Eduardo Zedillo consideró que ante los hechos ocurridos hace más de un mes “hoy debemos voltear hacia los temas de la normalización”.
En la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), indicó tenemos una empresa que acaba de incorporarse a Normex, que trabaja muy activamente en todos los temas de normalización, “creo que para cualquier proceso incluyendo los de Pemex debemos regirnos por normas, y lo más conveniente es que las empresas implementen estos sistemas de seguridad”.
Asimismo, resaltó la necesidad de que se fortalezca a Petróleos Mexicanos “para que tenga mayores posibilidades de invertir más en exploración, producción y sus sistemas de seguridad y mantenimiento de sus instalaciones”.
La paraestatal requiere reforzar y ampliar por un lado su planta productiva y por otro lado, incentivar la parte correspondiente a sus programas de mantenimiento, aspecto que es fundamental para su adecuado funcionamiento.
Por su parte, Azael Cisneros, estableció que ante lo lamentable de los hechos, el problema de la paraestatal es que no tiene recursos y pasó de ser una gran empresa de México, reconocida incluso a nivel mundial por toda la labor que ha hecho a una paraestatal que ya no tiene dinero ni siquiera para sus instalaciones “y entonces vemos lamentables eventos como los ocurridos en la Sonda de Campeche”.
El accidente en Campeche fue “homicidio industrial”: diputado
[ Alejandro Velázquez Cervantes ]
Como un “homicidio Industrial” calificó el accidente en la plataforma Usumacinta de la Sonda de Campeche el diputado del PRD José Antonio Almazán.
Indicó que el accidente —que dejó 22 muertos— fue provocado por negligencia, omisiones, incumplimiento e irresponsabilidad tanto de las autoridades oficiales, como de los propietarios de las empresas privadas que arrendan y prestan servicios en las plataformas marítimas y, por lo tanto, aseguró que llamará a comparecer ante la Cámara a los titulares del Trabajo, Comunicaciones y Transportes, del Medio Ambiente y Petróleos Mexicanos.
Aseguró que desde el aviso que las condiciones climatológicas eran adversas para el trabajo de desplazamiento y anclaje de la plataforma marítima Usumacinta, los trabajos debieron haberse suspendido temporalmente, tanto para garantizar un desplazamiento en condiciones suficientes de seguridad, como el reforzamiento del anclaje.
“En todo momento se antepuso la producción y la sed de ganancias a la seguridad e integridad física de los trabajadores. La decisión de suspender temporalmente los trabajos en dicha plataforma, debió tomarla Pemex, en virtud de que con 24 horas de anticipación se conocía de que habría vientos de más de 100 kilómetros por hora lo que elevaba los factores de riesgo e inseguridad en las maniobras”, sostuvo.
Insistió en que debió suspenderse temporalmente los trabajos para garantizar las condiciones mínimas de seguridad e higiene en el desalojo de los trabajadores, pero no lo hicieron. “Prefirieron continuar con una maniobra defectuosa y fuera de norma, a sabiendas que colocaban a los trabajadores en condiciones de un riesgo inminente, que ponía en riesgo sus vidas”, dijo.
La decisión de abandonar la plataforma se tomó varias horas después de que se rebasaron los límites permitidos de inclinación, después del degollamiento del árbol de válvulas y una vez que falló el sistema de cierre manual de las válvulas de seguridad. En el proceso de abandonar la plataforma falló uno de los botes de salvamento, las llamadas mandarinas, pues se trata de equipos fuera de norma, con más de 10 años de no haber sido usado y verificado y sin los mantenimientos adecuados como lo exigen las normas nacionales e internacionales, afirmó.
Según el diputado, todo era del conocimiento de las autoridades de Pemex y de la empresa arrendadora (Central), que en todo momento priorizaron sus necesidades de extracción de hidrocarburos.
Dijo que esa situación no era desconocida para las autoridades competentes, en este caso, las secretarías de Trabajo y Previsión Social, de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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