Fuente: Sotogrande
El Pleno del Parlamento andaluz aprobó hoy, 3 de diciembre, con la oposición del PP y la abstención del PA, la Ley de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, que desarrolla el nuevo marco competencial derivado del Estatuto de Autonomía e introduce como novedad la posibilidad de introducir usos hoteleros de nueva implantación dentro del recinto portuario sujeta a "autorización excepcional" por parte del Ejecutivo autonómico.
En su intervención ante el Pleno del Parlamento, la consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, subrayó que la nueva ley actualizará la legislación sobre la materia para adaptarla a los nuevos objetivos de planeamiento urbanístico y de protección ambiental del litoral y hacer frente a las necesidades del sistema portuario autonómico en su triple vertiente comercial, pesquera y deportiva.
De esta forma, la Ley fija las bases para la planificación del sistema como elemento de desarrollo socioeconómico, refuerza las medidas para garantizar el dominio público y establece un nuevo régimen sancionador, que prevé sanciones de hasta 1,2 millones de euros por vertidos no autorizados de embarcaciones a las aguas portuarias. La norma modifica además la estructura administrativa con la creación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, nueva entidad de derecho público que sustituirá a la Empresa Pública de Puertos (EPPA), siguiendo el modelo que se aplica en la Administración central.
Por su parte, el diputado del PP Jorge Ramos calificó de "mala" la Ley, ya que lo "único que pretende es manosear" en una actividad, "negando la iniciativa privada, la economía de mercado y los impulsos que necesita Andalucía para su desarrollo económico".
De esta forma, Ramos criticó la negativa de la Junta a "ceder parcelas de poder", a la vez que denunció el "fracaso" de la política portuaria de la Junta. Así, el diputado del PP-A lamentó que al final, se haya "impuesto la mano dura, la de intervenir"
Mientras, el diputado de IULV-CA Antonio Romero defendió la necesidad de esta nueva Ley, a la vez que destacó la importancia que tiene el sistema de tasas por los usos deportivos o pesqueros, debido a los efectos que ello pueda tener en la conservación medioambiental.
La portavoz parlamentaria del PA, Pilar González, rechazó la Ley porque "supondrá un freno para el desarrollo de las ciudades". Así, advirtió de que esta norma puede "vulnerar la autonomía local", al tiempo que "no garantiza una red de transportes públicos de carácter marítimo".
ZONAS DE EXCLUSIÓN Y VERTIDO CERO
En el capítulo medioambiental, el texto dispone que la programación y construcción de nuevas instalaciones se realizará de acuerdo con los principios de desarrollo sostenible, protección del dominio público e integración en el entorno. Entre otras novedades, el proyecto permite a la Administración el establecimiento de de zonas de exclusión para la implantación de instalaciones. Además, determina la aplicación del principio de 'vertido cero' en el dominio portuario, la entrega obligatoria de los residuos generados por las embarcaciones y la exigencia de instalaciones para su recepción, especialmente en el caso de sustancias químicas y petroquímicas.
Otros requisitos que introduce la Ley para garantizar la protección del litoral se refieren a la necesidad de autorización, por parte de la Agencia Pública de Puertos, para dragados en el dominio público. De acuerdo con la futura ley, los nuevos puertos que se construyan deberán ser declarados de interés de la comunidad autónoma y estar obligatoriamente previstos en los planeamientos territorial y urbanístico.
En relación con el dominio público portuario, el texto prohíbe los usos hoteleros de nueva implantación (salvo autorización excepcional del Consejo de Gobierno), así como la creación de derechos de usos exclusivos sobre superficie de agua. De este modo, el acceso será libre en los puertos deportivos, sin más limitaciones que las requeridas por razones de seguridad o explotación. Por su parte, en los comerciales y pesqueros, que serán de acceso libre dentro del horario establecido, deberán señalizarse los espacios abiertos al uso general.
Con el fin de garantizar el crecimiento sostenible del sistema portuario, serán los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional los que incluyan la localización de nuevos puertos o la ampliación de los existentes. Estos mismos planes podrán establecer zonas de exclusión para intervenciones portuarias con el fin de asegurar el uso racional de los recursos, la conservación de los ecosistemas costeros y la protección del patrimonio paisajístico e histórico.
El proyecto establece un modelo de planificación cuya pieza básica será el Sistema Portuario de Andalucía. Este instrumento de carácter general, con incidencia en la ordenación territorial y urbana, prestará especial atención a los objetivos de desarrollo sostenible, conservación del litoral y de gestión medioambiental. Sus principios prevalecerán sobre la ordenación urbanística municipal en los aspectos relativos a la protección del dominio público portuario, la elección de emplazamientos y los sistemas de comunicaciones.
Las normas del Sistema serán desarrolladas en cada puerto a través de planes especiales y, en un nivel más funcional, por los planes de usos de los espacios portuarios, en los que se establecerá la ordenación pormenorizada de las distintas zonas.
RÉGIMEN SANCIONADOR
Respecto al régimen sancionador, el proyecto establece una regulación precisa de aspectos hasta ahora tratados de forma insuficiente a través de la legislación supletoria y la jurisprudencia, sobre todo en lo referido a las infracciones leves. Asimismo, y en consonancia con los nuevos objetivos de protección ambiental, incluye como infracción de carácter muy grave el vertido no autorizado de embarcaciones a las aguas portuarias.
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