Fuente: Prensa
Wilfredo Jordán Serrano
wjordan@prensa.com
Un grupo de marinos panameños se reunió con representantes del Congreso de Estados Unidos, quienes estaban interesados en conocer el contenido de la Ley 8 que regula el trabajo en el mar, legislación que fue demandada porque supuestamente violaba los derechos laborales y humanos de los trabajadores del mar.
Los marinos panameños fueron invitados por el Marine Engineers Beneficial Association (Asociación Benéfica de Ingenieros de Marina), ya que en los barcos de bandera panameña trabajan decenas de marinos de nacionalidad estadounidense, explicó Luis Yau Chaw, representante de una de las agrupaciones que viajó a Estados Unidos.
Según Yau Chaw, ellos se reunieron por más de cinco horas con el congresista demócrata Sander Levin, quien mostró mucho interés en conocer el contenido del Decreto Ley 8 que se aplica a todos los trabajadores del mar que laboran en Panamá y en los barcos de bandera panameña.
En la marina mercante panameña trabajan unos 400 mil marinos de diferentes nacionalidades, de los cuales menos del 1% es panameño.
"La Asociación Panameña de Oficiales de Marina fue invitada porque querían saber cómo les afecta la Ley 8", sostuvo Yau Chaw.
Uno de los aspectos que más preocupa sobre esta legislación es el artículo 55 que permite el despido sin causa justificada, precisó Yau Chaw.
Aunque se trata de una legislación independiente, a juicio del dirigente de los marinos, esto influirá en la decisión que tomen los congresistas estadounidenses para aprobar o rechazar el tratado de promoción comercial (TPC) con Panamá.
En ese sentido afirmó que los congresistas tomarán en cuenta el contenido y cumplimiento de las leyes para ratificar el TPC.
Sin embargo, el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Fernando Solórzano, afirmó que la Ley 8 no tiene nada que ver con el TPC. Recordó que actualmente se lleva a cabo una consulta con diferentes sectores para las adecuaciones que hay que hacerle a esta legislación.
Recomendación
El comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió al Gobierno panameño que tome las medidas para revisar algunos artículos del Decreto Ley 8 que reglamenta el trabajo en el mar y las vías navegables.
Se trata de "estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de trabajadores del sector, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria", dice el informe del organismo.
La OIT recomendó al Gobierno que, además de revisar el Decreto Ley 8, se respete los convenios 87 y 98 que se refieren a libertad de sindicalización y derecho a sindicalismo colectivo, comentó una fuente.
Además de los marinos, un grupo representativo de la Alianza por la Justicia Social de Panamá también se reunió con congresistas, en su mayoría demócratas.
Gabriel Ayú Prado, del Sindicato de Trabajadores del Canal de Panamá, quien asistió a la reunión, dijo que fueron atendidos por un número representativo de congresistas demócratas.
Este grupo fue invitado por el Services Employees International Union, la agrupación sindical de mayor "tamaño y peso" en Estados Unidos, dijo Ayú Prado.
La Alianza por la Justicia Social está integrada por los ex empleados de la antigua Autoridad Portuaria Nacional, los ex trabajadores del desaparecido Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y el Sindicato de Trabajadores de Panamá.
"Fuimos a cabildear para que no se apruebe el TPC con Panamá debido a que el aspecto laboral es muy vago", afirmó Ayú Prado.
Entre algunos congresistas presentes en la reunión, mencionó a Sander Levin, Charles Rangel, Ivette de Clarke, Jean Harnan, Michael Mac Nulty, Henry Waxman, Dany Davis, Eleanor Holnes Norton, Joe Baca, Maxien Waters, entre otros.
La semana pasada Timothy Lattimer, asesor económico de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, dijo que los inversionistas estadounidenses le temen y cuestionan el sistema legal de Panamá.
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