Fuente: El Sudcaliforniano
Minerva Simeón
La Paz, Baja California Sur.- En aguas mexicanas, la marina mercante opera en su mayoría embarcaciones que desde hace ya varios años cumplieron con su vida productiva, muchas de ellas en calidad de chatarra siguen operando rutas comerciales mientras la SCT sigue autorizando permisos a este tipo de navíos.
Según estudio de la industria marítima al menos un 48 por ciento de casi 2 mil 314 embarcaciones son barcos chatarra, no obstante la división de puertos de la SCT sólo ha reconocido que deben renovarse 12 embarcaciones y que para ello se requiere de una inversión de 16 mil 583 millones de pesos.
Reportes de la Cámara Mexicana de Industria del Transporte Marítimo (Cameintram) y de la Dirección de Marina Mercante de la SCT indican que la vida útil promedio de un buque en México es de 22 años, por lo que al 2005, el 48.3% de las embarcaciones se encontraban fuera del limite de operación, hoy muchos de ellos sobreviven y siguen en operación.
Aunque en esta parte del país los accidentes aún son esporádicos, se recuerdan las fallas recurrentes de embarcaciones como el San Diego de TMC que a escasas semanas de ser adquirido por la empresa naviera empezó con una serie de fallas que prácticamente anularon el servicio del mismo, o de las condiciones del Sinaloa Star de Baja Ferries que de acuerdo al presidente del consejo Administrativo, Mariano Ruano será reemplazado en esta época de este 2007.
Mientras en otros puertos de la República las señales de la obsolencia son reiteradas, basta referir el incendio que el jueves pasado se registró en Campeche, en el buque petrolero Seba'an, propiedad de la empresa Oceanografía que presta servicios a PEMEX, el cual causó una dramática emergencia con saldo de un marino muerto, ocho heridos y poco más de 170 sobrevivientes.
La operación de este tipo de barcos chatarras que operan en actividades de carga y pasaje en aguas mexicanas contraviene normas mexicanas de la SCT, que prohibe la navegación de barcos de más de 25 años, no obstante la dependencia federal sigue avalando los riesgos al refrendar las autorizaciones
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