Fuente: Proceso
Jesusa Cervantes y Patricia Dávila Y Rosa Santana
Como ha venido informando Proceso, desde hace años el gobierno federal conoce la precariedad con la que operan las empresas contratadas por Pemex, especialmente Oceanografía, auspiciada por los hermanos Bribiesca Sahagún. La administración de Felipe Calderón –que como secretario de Energía contribuyó a mantener ese estado de cosas– no hizo caso de investigaciones oficiales ni de graves accidentes anteriores. Pero el colapso de la plataforma Usumacinta provocó 24 muertes y exhibió el carácter criminal del contubernio entre la paraestatal y los contratistas.
Los graves accidentes ocurridos en la zona petrolera conocida como Sonda de Campeche no se deben a las condiciones climatológicas adversas, sino al contubernio entre la alta burocracia del gobierno federal y contratistas que se benefician del tráfico de influencias, sin importarles la vida de las 15 mil personas que trabajan en ese lugar.
Prueba de ello es que desde 2004 el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, y su jefe de asesores, César Nava, conocían las condiciones de inseguridad en que laboraban los trabajadores petroleros.
El pasado martes 23, a 32 kilómetros mar adentro, un accidente sorprendió a 81 trabajadores de la plataforma Usumacinta, propiedad de la empresa Perforadora Central, S.A. de C.V., cuyo dueño es Patricio Álvarez. Las “malas condiciones meteorológicas” provocaron que la plataforma golpeara el pozo Kab-101, lo que causó una fuga de aceite y gas, según el comunicado de la empresa.
Sin embargo, y a pesar de los reportes sobre el clima adverso, los encargados de la plataforma y los del pozo (funcionarios de Pemex) no dieron la alerta a tiempo. El comunicado de Perforadora Central indica que la turbulencia inició al mediodía, pero el personal de Pemex cerró las válvulas de los pozos Kab-101 y Kab-121 dos horas y 20 minutos después.
Para el secretario general de la Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante Nacional, el capitán Enrique Pacheco Georges, la acción tardía de Pemex ocasionó que “ante lo tóxico del gas, los empleados abandonaran la zona a bordo de dos naves salvavidas conocidas como mandarinas, las cuales técnicamente debieron soportar el golpe con el mar. Sin embargo, no pudieron evitar que el agua se filtrara, dejando a la deriva a los 81 empleados”. El peritaje deberá probar si la plataforma, las naves salvavidas y los pozos contaban con las medidas de seguridad, dice.
Fuentes de Pemex sostienen que el viernes 26 varios inspectores de la paraestatal iniciaron la revisión de más de 100 plataformas ubicadas en la Sonda de Campeche y detectaron que por lo menos tres de las mandarinas, similares a la que sucumbió el martes 23, presentan fisuras en su estructura de fibra de vidrio o están parchadas.
Así mismo, expertos de la paraestatal que también pidieron anonimato –“por lo delicado que está el asunto”, dijeron–, detallan que la plataforma siniestrada es de tipo MAT y “está diseñada para pantanos, lagos y lagunas, no para el mar”. Las MAT, “a diferencia de las de patas independientes, que son para mar, no se clavan en el lecho marino, sólo se asientan, porque en los pantanos, lagos y lagunas, para los que fueron diseñadas, no hay corrientes”.
Y revelan que la plataforma Usumacinta no fue la única dañada por el temporal. También quedó afectada la Carolina, que pertenece a la compañía Pride y es de tipo MAT, “pues sufrió una inclinación de 16 pulgadas por socavamiento de arena”.
El aviso de 2004
El 19 de febrero de 2004, cuando Felipe Calderón era secretario de Energía y César Nava su jefe de asesores, cuatro empleados de Perforadora Central denunciaron ante Pemex y el Senado las condiciones de inseguridad en que trabajaban.
El Órgano Interno de Control de Pemex realizó una inspección y corroboró las quejas. Las anomalías quedaron plasmadas en el expediente SPC/0429/2004. No obstante, los denunciantes fueron despedidos en octubre del año siguiente.
Perforadora Central renta a Pemex varias plataformas, como la Usumacinta y la Grijalva, y cobra 31 mil 950 dólares diarios por cada una; la Tonalá, por la que recibe 53 mil 950 dólares, y la Hakuryu-V, que le da ingresos por 51 mil 500 dólares.
Según la página de Compranet, durante el sexenio de Vicente Fox, cuando César Nava era el abogado de Pemex, Perforadora Central recibió tan sólo de Pemex Exploración y Producción mil 257 millones 139 mil 960 pesos. Al iniciar la administración de Calderón, se le otorgó un contrato por 144 millones 87 mil 488 pesos, bajo la licitación 18575107-048-07.
Los trabajadores de esa compañía están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con uno o dos salarios mínimos, a pesar de que ganan 700 pesos diarios; carecen de seguro de vida y su afiliación al IMSS sólo tiene vigencia los días que están en altamar.
En la Sonda de Campeche, Pemex mantiene contrato con más de 20 empresas, las cuales cuentan con cerca de 100 embarcaciones y diversas plataformas. La mayoría de esas embarcaciones datan de hace dos décadas o más, y no cuentan con medidas de seguridad apropiadas para proteger el equipo y a los trabajadores; además, las refacciones que utilizan son recicladas. Lo mismo sucede con los buques, que con frecuencia van sobrecargados de pasajeros, mientras que las naves salvavidas no funcionan bien y el personal que las tripula es insuficiente.
Este tipo de anomalías, de las que están al tanto la Secretaría de Energía y Pemex, provoca accidentes como el del martes 23. Uno de los empleados despedidos de Perforadora Central dice en entrevista que en 1995, cuando el huracán Rosana azotó la región, la empresa mantuvo a sus empleados a la deriva en las embarcaciones durante un mes. “Tuvimos que comer papas y chayotes podridos porque se acabó la comida y nos dejaron encerrados con el argumento de que venían otros huracanes”, relata.
Pero es otra la empresa que tiene el récord en violaciones a la normatividad. Se trata de Oceanografía, la empresa ligada a los hijos de Marta Sahagún e involucrada en una red criminal que obtenía ganancias con sobreprecios, uso de información privilegiada y tráfico de influencias en colusión con exfuncionarios de Pemex, según la investigación de la Contaloría Interna de la paraestatal que difundió este semanario en su edición antepasada (Proceso 1615).
El jueves 11, a raíz de un incendio, se hundió la embarcación Seba’an con 176 trabajadores, de los cuales uno resultó muerto. El capitán Pacheco Georges, con 23 años como navegante, comenta que este accidente “puso en duda la acuciosidad y efectividad de las inspecciones que realiza el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena), bajo contrato millonario, a todas las embarcaciones que operan para Pemex en la Sonda de Campeche”.
También recuerda que en junio pasado la tripulación de Seba’an denunció un percance en el departamento de máquinas que duró 12 horas.
Por su parte, la Organización Marítima Internacional, encargada de hacer las verificaciones del funcionamiento correcto de las embarcaciones en todo el mundo, reportó que este buque registró tres deficiencias en 2001, pero no especifica cuáles, y no realizó la verificación del 31 de julio de 2007, es decir, dos meses antes de que provocaran el hundimiento por falta de extinguidores. La última revisión fue en 2004.
Empleados de Oceanografía, que solicitaron el anonimato por temor a un despido, relataron que en septiembre pasado la embarcación Caballo Azteca, también propiedad de esta empresa y que trabaja 28 días por 14 de descanso, se rebelaron en protesta porque durante 72 horas no recibieron comida cuando estaban en altamar. En esa ocasión, Oceanografía culpó al mal clima, pero la verdad es que éstos, los propietarios de la empresa, tenían una deuda con sus proveedores, que “decidieron suspender la entrega de víveres para obligarla a pagar”, comentó uno de los empleados.
Otra de las empresas favoritas de Pemex, Protexa, también enfrentó hace seis años disturbios en una de sus embarcaciones, luego de que los trabajadores se rebelaron cuando estaban en altamar. Luchaban por crear un sindicato que les garantizara el pago de sus prestaciones.
Según recuerdan los inconformes, los dueños de la empresa llamaron en su auxilio a elementos de la Armada, ya que se trata de una jurisdicción federal. Los trabajadores trataron de impedir el descenso de dos helicópteros de la Marina, pero otros efectivos abordaron las naves, los sometieron a golpes y los esposaron. Dos de esos empleados aún están en la cárcel Cobe de Campeche bajo el cargo de motín.
A pesar de las quejas, esta empresa recibió recientemente (bajo la licitación 18575108-058-07) un contrato para que su barco El Tolteca, construido en 1955, realice trabajos de instalación, recuperación, adecuación y mantenimiento de las estructuras, equipos, líneas de proceso y servicios de apoyo a la operación en Pemex Exploración y Producción en el Golfo de México, por una renta diaria de 300 mil dólares.
Ejemplo de otro tipo de anomalía es la embarcación “chatarra” Orión, que utilizó la empresa Naval Mexicana y la cual se hundió en abril de 2006 en la Sonda de Campeche, con 900 mil litros de combustóleo que aún permanecen en el fondo del mar.
Inmovilismo burocrático
Además de Perforadora Central, las empresas contratadas por Pemex para la Sonda de Campeche son: Oceanografía, Protexa, Naval Mexicana, Cotemar, Marítima Mexicana, Naviera Integral, Consultoría y Servicios Petroleros, Duncan & Cossío, Náutica Salta Mar, Petronaval, Naviera Armamex, Halliburton de México, Dowell Schlumberger de México, Texas Oilfiel Produc & Services, Tide Water, Global Marine, Sodexho México, Goimar, Waterford de México, Servicios Integrales R y G. y Oilpachs Enterprice Internacional.
Para obtener un contrato de Pemex, cualquier empresa debe cumplir dos requisitos básicos: contar con el seguro y, previo a ello, cumplir con la certificación que marca el convenio de la Organización Marítima Internacional de la ONU, que fue suscrito por México.
De acuerdo con esta organización, la empresa que tiene más embarcaciones canceladas es Tide Water, debido a la falta de verificación oportuna. Por cierto, esta misma instancia internacional reporta en su página de internet que la plataforma Usumacinta entró en operación en 2003 y a cuatro meses de haber reportado su última verificación (25 de junio de 2007) sufrió uno de los mayores percances de la historia, que costó decenas de vidas.
Pese a los errores cometidos por los propietarios de esas empresas, las autoridades siguen otorgándoles contratos. Los funcionarios federales alegan que accidentes como el del martes 23 se deben a un problema climático. El director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, durante su visita a Campeche el jueves 25, aseguró incluso que “la tragedia no se pudo haber evitado”.
No obstante, el capitán y secretario general del sindicato de la Marina Mercante, Enrique Pacheco, explica que en cada operación de las empresas intervienen dos factores: el marítimo y el laboral. Los funcionarios encargados de que se cumplan las normas en ambos aspectos son los de Pemex, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Pacheco Georges y la presidenta del grupo ambientalista Marea Azul, Lourdes Rodríguez Vadillo, sostienen que el accidente de la plataforma Usumacinta no se debió al clima. Así mismo, la comisión de legisladores que se conformó a raíz del hundimiento del Seba’an el jueves 11 debe solicitar a las empresas contratadas por Pemex los certificados expedidos por la Organización Marítima Internacional para cada una de sus embarcaciones.
El lunes 15 –ocho días antes del accidente de la plataforma Usumacinta– la comisión legislativa, integrada por el presidente de la comisión de Marina de la Cámara de Diputados, José Manuel del Río Virgen, los senadores Tomás del Toro del Villar y Sebastián Calderón Centeno, más el diputado Miguel Ángel Peyrot Solís, realizaron una visita a la Sonda de Campeche motivados por las denuncias contra la empresa Perforadora Central, que se vienen arrastrando desde 2004.
Ahí comprobaron las pésimas condiciones de seguridad y violaciones laborales que enfrentan los empleados de esas compañías. El capitán Pacheco, que acompañó a los legisladores, informó a las autoridades competentes sobre los riesgos que implica esa situación para los trabajadores. Nada impidió, sin embargo, la tragedia del martes 23.
Pacheco comentó que el viernes 26 tuvo otra reunión con los integrantes de la comisión legislativa y con funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, quienes sólo hicieron promesas de corregir los problemas que se conocen desde hace años.
Graduado en 1984 de la Escuela Naútica, con 23 años en la marina mercante y 12 en la organización sindical, el capitán asegura que desde hace tres sexenios, incluyendo el de Felipe Calderón, ha habido un “contubernio” entre las autoridades del sector energético y los dueños de las empresas.
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