El que contamina paga’

DERRAME DE PETRÓLEO EN BOCAS.

‘El que contamina paga’

Fuente: Prensa
Indira Figueroa

La opinión pública lo tiene claro: "El que contamina paga". Este principio que está ampliamente consagrado en nuestra legislación da la opción de pedir el resarcimiento por daños materiales ocasionados a la fauna, flora, aguas, personas y a los sectores de la pesca y turismo, así como los ingresos que dejarán de percibir dichas industrias en los próximos años (lucro cesante) además de los daños morales a las víctimas.

Existen dos convenciones internacionales suscritas por Panamá que pueden activarse en el caso de derrame de casi 5 mil barriles de petróleo ocurrido el 4 de febrero pasado en la bahía de Chiriquí Grande, Bocas del Toro y que hasta ahora ha afectado un área de más de 4 millas de zona costera. El Fondo Internacional de Indemnización por los Daños Causados por la Contaminación por Hidrocarburos (Fipol) es un presupuesto formado con las contribuciones de las principales compañías petroleras, que se encarga de cubrir indemnizaciones de hasta 300 millones de dólares. Este fondo es administrado por la Organización Marítima Internacional (OMI). Panamá también ha adoptado el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos (CRC), el cual establece la responsabilidad terminante de los propietarios de barcos por la contaminación causada a los mares. Los fondos acordados por estos convenios internacionales se activarán, claro está, luego de que las autoridades judiciales correspondientes hayan deslindado las responsabilidades y evaluado los daños causados en toda su amplitud.

El derrame de crudo más costoso de la historia fue el causado por el buque Exxon Valdez en Alaska (1989); solo el costo de la limpieza alcanzó unos US$2.5 billones y los costos totales (incluyendo multas, faltas, transacciones, etc.) se estimaron en US$9.5 billones. Los reclamos por el derrame del Erika en Francia (1999), aún están siendo procesados y se han calculado por unos US$ 180 millones. Obviamente, es prematuro precisar el costo total de los daños ocasionados por el derrame del Prestige en España (2003), pero solo el Gobierno español está reclamando más de US$ 800 millones a la compañía clasificadora del buque.

Con confianza esperamos que al igual que en Estados Unidos y en la UE, se aprovechen las catástrofes de derrame, en particular la de Chiriquí Grande, para poner a punto normas y convenios de responsabilidad civil.


La autora es abogada